La necesidad de disponer de una estrategia moderna de lucha contra el lavado de activos era reconocida ampliamente a mediados de los años ochenta. Desde entonces ha sido creciente el consenso de la comunidad internacional sobre la importancia de privar a los delincuentes del producto de su actividad como herramienta para combatir el narcotráfico y, más recientemente, contra todos los delitos graves que significan ganancias para quienes los perpetren. Así, los Estados han ido gestando nuevos y más perfeccionados instrumentos contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, así como en el terreno de la protección de la integridad de los mercados financieros.

 

Con la elaboración de estrategias contra el lavado de activos se tomó cada más conciencia en los Estados que la eficacia de este combate requería de la participación activa del sistema financiero, sin alterar las condiciones necesarias para que éste pudiese funcionar con eficiencia.

 

Los países también llegaron a la conclusión de que si el sistema exigía a las instituciones financieras divulgar transacciones sospechosas, se necesitaba de una institución o un organismo central del Estado que tuviese la responsabilidad de evaluar y procesar los datos divulgados. De esta manera, a principios de los años noventa comenzaron a surgir las unidades de inteligencia financiera (UIF), como respuesta a la necesidad de que una entidad centralizara la recepción, análisis y divulgación de la información financiera tendiente a combatir el lavado de activos.