Instituciones públicas

Sistemas Preventivos Antilavado

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Con el objetivo de prevenir que el sector público pueda ser utilizado para la comisión de actos ilícitos, y para lograr una correcta aplicación de la Ley N° 19.913, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet lanzó, en mayo de 2015, la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, entre cuyas 14 medidas administrativas se consideró el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos.

A través de los Oficios Circulares N°20/2015 y N°14/2016, el Ministerio de Hacienda distribuyó a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades una Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (elaborada en conjunto con la UAF) y una propuesta de Modelo para Formular e Implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios (trabajada por la UAF, en conjunto y acción colaborativa recíproca con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)).

En tanto, en noviembre de 2016, la cartera de Hacienda solicitó actualizar y/o complementar las matrices de riesgo institucional, según las directrices del CAIGG relacionadas con la identificación y evaluación de los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios (LA/FT/DF).

En agosto de 2017, en cambio, la Secretaría de Estado informó la necesidad de formular e implementar un Sistema de Prevención del LA/FT/DF, y plasmarlo en un Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF.

Dicho proceso culminó en diciembre de 2017, y fue coordinado y puesto en práctica por la Unidad de Análisis Financiero vía asesoría y capacitaciones (presenciales y online).

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