La iniciativa se enmarca en el Convenio Marco de Cooperación suscrito por la Directora de la UAF, Tamara Agnic, y el Director Ejecutivo de ICARE, Manuel Vargas, y cuyo propósito es coordinar seminarios, cursos y encuentros que permitan divulgar la normativa vigente en prevención antilavado de activos y tendencias relacionadas.

El seminario “Herramientas para la Prevención Estratégica del Blanqueo de Activos” está orientado a Oficiales de Cumplimiento de los 36 sectores económicos regulados por la UAF, además de ejecutivos y profesionales de las áreas de compliance, contraloría, auditoría interna, control de gestión, administración y finanzas. También pueden participar ejecutivos de otras industrias  y sectores, interesados en implementar sistemas preventivos antilavado de dinero.

El objetivo de esta iniciativa conjunta es elevar la calidad y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades supervisadas envían al Servicio y con ello fortalecer la oportuna detección de indicios de lavado de activos. Asimismo, se busca facilitar la puesta en marcha de sistemas preventivos antilavado de activos más robustos, que permitan tanto a los regulados, como a otros sectores y actividades económicas, protegerse de ser utilizados por las organizaciones criminales que buscan blanquear sus fondos.

En el seminario participarán como expositores, además de la Directora de la UAF, el jefe de la División Jurídica del Servicio, Javier Cruz; el jefe de la División de Fiscalización, Álvaro Torrealba, quien también se desempeña como titular interino de la División de Inteligencia Financiera; y el encargado de Asuntos Internacionales, Tomás Koch.

ICARE está a cargo de la coordinación general e inscripciones, cuyos requisitos, además de los  contenidos y fechas del seminario pueden revisarse en el brochure adjunto a esta información.

A través de un trabajo coordinado e inédito, orientado a optimizar las facultades reguladoras y fiscalizadoras del Estado, elevar la eficiencia normativa y asegurar un mejor uso de los recursos públicos, las cuatro entidades supervisoras definieron en conjunto quiénes son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Chile y los cargos que deben integrar esta nómina. En ese marco, impartieron instrucciones para que el sistema financiero y el no financiero apliquen exhaustivos procesos de conocimiento del origen y destino de los  fondos de estos clientes, cuando operen con ellos, entre otras obligaciones preventivas.

Los PEP son los funcionarios públicos más vulnerables a que terceros intenten cohecharlos, dado el alto nivel de toma de decisiones que tienen sobre recursos fiscales, explicó la Directora de la UAF, Tamara Agnic. “El listado que elaboramos es solo el piso que las entidades supervisadas deben considerar al momento de realizar sus procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes y, por supuesto, pueden agregar más categorías”, sostuvo.

Agnic destacó que la normativa debe entenderse como un mecanismo de protección y fortalecimiento de los sistemas anticorrupción del aparato del Estado: “La existencia de una nómina de PEP es un desincentivo para quienes pretendan cohechar a funcionarios públicos, pues deben tener en cuenta que sobre sus transacciones se aplicarán procesos reforzados de debida diligencia”.

Con la emisión de esta normativa, Chile además se anticipó a una decisión que debe adoptar la mayoría de los países, pues en febrero pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que dicta las políticas y estándares antilavado de activos a nivel mundial, emitió una recomendación en torno a poner atención a las categorías nacionales de PEP.

La normativa
Cada superintendencia, al igual que la UAF, emitirá sus respectivas instrucciones sobre PEP bajo los términos acordados en conjunto. En ese contexto, la Circular N° 48, difundida hoy por la Unidad de Análisis Financiero, define como Personas Expuestas Políticamente “a los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”.

Las categorías de PEP nacionales incluyen al Presidente de la República, ministros, subsecretario, intendentes, gobernadores, alcaldes, jefes superiores de servicio, ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Fiscal Nacional y fiscales  regionales, el Contralor General de la República, los consejeros del Banco Central y del Consejo de Defensa del Estado, entre otros, además de sus cónyuges, parientes hasta en segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. La nómina completa está detallada en la Circular N° 48

La circular de la UAF establece que las entidades supervisadas por la institución deberán implementar y ejecutar las siguientes medidas reforzadas de debida diligencia y conocimiento de los clientes, sobre las categoría de PEP nacionales:

• Establecer sistemas apropiados de manejo del riesgo para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final, es o no un PEP.
• Obtener y exigir, si corresponde, aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con un PEP o que ha pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición.
• Tomar medidas razonables para definir la fuente de la riqueza, la fuente de los fondos de los clientes y beneficiarios reales identificados como PEP y el motivo de la operación.
• E implementar procedimientos y medidas de debida diligencia continua sobre la relación comercial establecida con un PEP.

Además, todas las entidades supervisadas por la UAF deberán registrar cualquier operación en que esté involucrada alguna persona que deba ser calificada como PEP, así como informarla inmediatamente por vía electrónica a la Unidad, cuando se considere que se está en presencia de una operación sospechosa.

El “Certificado de Inscripción Vigente” se extenderá vía online, a través del sitio web de la UAF, http://www.uaf.gob.cl/. Los Oficiales de Cumplimiento interesados en obtenerlo deben ingresar con su RUT y clave a la sección “Portal de Entidades Supervisadas”, seleccionar “Certificado” y seguir las instrucciones.

Asimismo, las instituciones o personas a las que se presente este documento podrán comprobar su validez en https://reporteoperaciones.uaf.cl/valida_certificado/, donde deberán digitar el número de folio y el código de verificación incluidos en el certificado extendido por la UAF. La vigencia se extenderá por hasta 60 días, desde la fecha de emisión.

El certificado de inscripción solo confirma que la entidad solicitante está inscrita en el registro de la UAF y que su estado está vigente. En ningún caso acredita el cumplimiento de sus obligaciones legales respecto de lo establecido en la Ley N° 19.913 y en las circulares emitidas por el servicio para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“No existe ningún sector inmune al lavado de dinero”, advirtió la directora de la UAF, Tamara Agnic, al detallar que el año pasado el organismo duplicó la recepción de informes con sospechas de operaciones de blanqueo enviados por el sector privado. Los reportes crecieron 116%, al totalizar 1.796, cifra que involucró, además, un alza de más de 33 veces respecto de 2004, año en que comenzó a funcionar el sistema de prevención de lavado de activos, que coordina la UAF en el país.

Tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF determinó que existían fehacientes señales indiciarias del delito en 146 de los reportes recibidos (25% más que en 2010), los que fueron remitidos a la Fiscalía, organismo responsable de decidir si se inicia o no una investigación penal. “Los informes restantes no han sido descartados. Permanecen en las bases de la UAF, a fin de ser cruzados con nuevos datos, incluyendo informes de unidades de inteligencia financiera de otros países”, advirtió Agnic.

El 92% de los reportes con indicios de blanqueo enviados por la UAF a la Fiscalía en 2011 se originaron en alertas del sector bancario, de las empresas de transferencia de dinero y de las casas de cambio.

En el mismo periodo y tras la aplicación de un intensivo plan de fiscalización, la UAF elevó en 21% el número de entidades inscritas en el registro del organismo. Estas totalizaron 4.116 empresas y personas, pertenecientes a 34 sectores económicos obligados por ley a reportar a la UAF, incluyendo a la banca, las AFP’s, corredoras de bolsa, bolsas de valores y de productos, casas de cambio, casinos de juego, hipódromos, compañías de seguros, notarios, corredores de propiedades, agentes de aduanas y usuarios de zonas francas, entre otros.

“En el combate a las mafias transnacionales y a los blanqueadores locales la diferencia no solo la hace quien persigue mejor, sino también quien previene oportunamente, pues los costos económicos, financieros, sociales y sobre todo reputacionales pueden llegar a ser irreversibles”, advirtió Agnic.

En esa perspectiva, en 2011 la UAF inició 318 procesos sancionatorios administrativos por incumplimiento de la normativa antilavado de dinero, cifra 28% superior a la de 2010. Del total, alrededor del 60% corresponde a empresas usuarias de zonas francas y a corredores de propiedades, los que arriesgan multas de hasta 5.000 UTM.

Investigaciones penales
En el ámbito de la persecución penal, el director (s) de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía, Marcelo Contreras, destacó los positivos resultados obtenidos en investigación y sanción del delito de lavado de dinero. “Las cifras dan cuenta de la efectividad del enfoque de persecución penal inteligente, establecido por el Fiscal Nacional en el plan estratégico 2009 – 2015”, explicó.

En ese contexto, detalló que en 2011 crecieron en 68% las investigaciones iniciadas por lavado de activos en Chile, llegando a 89. En igual lapso, las investigaciones formalizadas por el delito se incrementaron en 38% (sumaron 11), en tanto que las personas formalizadas lo hicieron en 85% (totalizaron 87).

Asimismo, la Fiscalía logró elevar sustancialmente tanto las sentencias definitivas condenatorias por lavado de dinero, como el número de condenados. Mientras las primeras crecieron 70% respecto de 2010, al sumar 17 nuevos casos sancionados por los Tribunales de Justicia de diferentes zonas del país; los condenados por el delito subieron en 118% (37 personas).

Con ello, el número total de condenas por lavado de activos en Chile ascendió a 42, entre 2007 –año en que se dictaron las primeras sentencias– y 2011. En la mayoría de los casos, el delito base desde el que se produjeron, directa o indirectamente, las ganancias ilícitas se vinculó con operaciones de narcotráfico. No obstante, Contreras aclaró que no es el único ilícito precedente, pues también hay sentencias condenatorias relacionadas con casos de corrupción y con trata de personas.

A ello agregó que actualmente existen investigaciones formalizadas por casos vinculados a delitos de obtención fraudulenta de créditos, entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada. “Estas investigaciones permiten perseguir y sancionar ámbitos de delincuencia de cuello y corbata, que generalmente no se asociaban a la figura de lavado de dinero, dado que el tipo penal antiguo, contenido en la Ley 19.366, sólo se vinculaba al tráfico de drogas, pero que la Ley 19.913 estableció como conductas base de lavado de dinero”, aclaró.

Agnic advirtió que no existe ningún sector económico que no sea vulnerable al lavado de activos: “Anualmente, las operaciones de blanqueo equivalen a entre el 3% y 5% del PIB mundial. Una de las fortalezas de Chile es su confiabilidad como mercado y ese es el capital que estamos cuidando al poner controles antilavado, a través del convenio con el CIE. No hacerlo sería invitar al crimen organizado a aprovechar las ventajas de nuestro país para legitimar sus bienes ilícitos”, aclaró.

El acuerdo permitirá a la UAF acceder a la información contenida en cada una de las solicitudes de inversión presentadas al CIE, con el propósito de integrarla a los procesos de inteligencia financiera que realiza la institución para detectar transacciones sospechosas de lavado de activos y, en particular, de eventuales operaciones internacionales de blanqueo de capitales. Hasta ahora, el CIE enviaba a la UAF solo  los antecedentes de las solicitudes que el Comité estimaba que podían ser sospechosas.

Mori y Agnic destacaron que el acuerdo actualiza los resguardos de la economía chilena “contra las ventajas de la globalización que buscan aprovechar los lavadores de dinero” y que en este ámbito apuntan a intentar legitimar bienes obtenidos de manera ilícita en países emergentes, valorados por los inversionistas extranjeros, dadas sus condiciones de apertura, confiabilidad y estabilidad, como es el caso de Chile.

En 2011, la inversión extranjera directa autorizada por el CIE ascendió US$13.790 millones, cifra histórica que ubicó al país entre los 20 principales receptores de capitales externos directos, lo que refleja el atractivo de Chile como destino de negocios rentables.

En ese marco, Mori destacó que Chile es visto por los inversionistas extranjeros como un destino confiable donde radicar sus capitales, especialmente por su estabilidad política y económica, su transparencia, certeza jurídica y proyecciones de negocios.

“Con esta alianza, que no entorpecerá ni pondrá barreras adicionales al actual proceso de autorización de inversiones, estamos protegiendo a quienes han optado por Chile como destino para sus capitales, para que no sean utilizados como medios para lavar dinero, y además estamos resguardando a la economía nacional de los efectos distorsionadores que provoca este delito”, afirmó.

La eliminación de este informe dejará sin efecto la Circular N° 41 de la UAF, del 22 de septiembre de 2008.

Con esta modificación se busca perfeccionar y uniformar los mecanismos de prevención del lavado de activos y, asimismo, optimizar el cumplimiento de las obligaciones  legales establecidas en la Ley 19.913.

El cambio señalado solo se refiere a la eliminación de la mencionada declaración anual DAROS. En ningún caso modifica la obligación legal de las Entidades Supervisadas por la UAF de enviar, en forma oportuna, sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), cuando detecten eventuales transacciones de este tipo en el ejercicio de sus actividades.

Puede revisar aquí la Circular N° 47 de la UAF, que deja sin efecto el informe DAROS.

La Presidencia Pro tempore 2012 de GAFISUD será ejercida por Chile a través de la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, quien participó junto al subsecretario en el XXIV Pleno de Representantes del organismo regional, que se desarrolla en Paraguay, marco en el que se realizó el traspaso del mandato.

Creado en 2000, GAFISUD está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Junto con establecer políticas antilavado de activos para la región, el organismo es el encargado de evaluar entre sus miembros el nivel de cumplimiento efectivo de los estándares internacionales en esta materia.
 
El subsecretario de Hacienda valoró el nombramiento de Chile en la Presidencia de GAFISUD y destacó que esta “es la única organización intergubernamental que puede evaluar la generación y aplicación de políticas y medidas nacionales preventivas y combativas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región”. Asimismo, Dittborn aseguró que “sólo cumpliendo con los estándares internacionales, los países de nuestra región podrán conjugar el impulso del crecimiento económico y las ventajas de la integración, con el imperativo de fortalecer la prevención, persecución y sanción penal de ambos delitos”.

Objetivos de la presidencia de Chile
La UAF representa a Chile ante el GAFISUD desde 2010, dado que legalmente es el organismo técnico encargado de prevenir e impedir el lavado de activos en el país.

De acuerdo al plan de trabajo propuesto por la UAF al organismo, la Presidencia Pro Témpore de Chile tendrá entre sus objetivos centrales fortalecer el compromiso de los 12 países miembros con el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales que promueve el Grupo de Acción Financiera (GAFI) –a cuya semejanza se creó GAFISUD- y que está integrado por las 34 principales economías del mundo, además de dos organismos regionales.

Las 40+9 Recomendaciones del GAFI a las que adhiere GAFISUD son consideradas como los únicos estándares internacionales en materia de políticas y medidas preventivas antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.

También formarán parte central del plan de trabajo de Chile el perfeccionamiento de las evaluaciones mutuas a las que se someten los miembros del organismo regional; y la puesta en marcha de iniciativas que doten de mayor robustez la organización de GAFISUD.

Chile además organizará en julio de 2012 el XXV Pleno de Representantes del organismo. La reunión convocará durante una semana a alrededor de 80 delegados de los restantes once estados integrantes, además de representante de los países de apoyo y cooperación de GAFISUD (Estados Unidos, Alemania y Francia) y de los organismos observadores permanentes (GAFI, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, el Grupo Egmont e Interpol).

La iniciativa, inédita en el país, convocó a 200 profesionales de 44 instituciones públicas y privadas, con el propósito de facilitar la transferencia de conocimientos entre ambos sectores y entrenar a sus participantes en prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En el marco de la ceremonia de cierre del programa, el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn,  destacó que  Chile es el segundo país, a nivel mundial después de Colombia, en el que se ha desarrollado el programa. “Tan relevante como el número de asistentes, fue la dinámica de las pasantías, pues no solo facilitaron el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, sino que también permitieron a los sectores público y privado ponerse en el lugar del otro, en términos de responsabilidades preventivas o persecutorias”, señaló.

Asimismo, el Asesor Legal para América latina de la UNODC, Kristian Hölge, sostuvo que “la experiencia ha demostrado que iniciativas como estas, donde el sector privado y el sector público trabajan de la mano, son fundamentales para lograr resultados efectivos y eficaces en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

La Directora de la UAF, Tamara Agnic, agregó que "para mantener la estabilidad económica y política de Chile en el largo plazo es imperativo fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, en ese marco, la coordinación institucional y la cooperación público-privada deben ser los ejes centrales".

La iniciativa coordinada por la UAF contó con la asistencia técnica de la UNODC, organismo internacional que financió el programa con el apoyo del gobierno británico.  Las pasantías reunieron a representantes de 18 bancos, 4 AFP, 5 corredoras de bolsa y 4 compañías aseguradoras con jueces, fiscales, analistas financieros, investigadores y otros profesionales de organismos técnicos del Estado.

 Agradecimientos de UNODC

El plan de entrenamiento diseñado para Chile fue resultado del trabajo desarrollado durante los últimos 6 meses, en conjunto con la UAF, con más de 10 equipos técnicos y 70 expertos.

Hölge agradeció muy especialmente “por su compromiso y apoyo constante durante todas las etapas de este proyecto” a las siguientes instituciones públicas: la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Fiscalía Nacional con su Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), la Policía de Investigaciones de Chile y, en particular, su Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC),  Carabineros de Chile y, en especial el OS7, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, el Comité de Inversiones Extranjeras, el Poder Judicial y, en particular, los jueces de los Tribunales Orales Penales de Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, Ovalle y Rancagua, y a los Jueces de Garantías de Santiago.

Asimismo, destacó y agradeció la participación de las siguientes instituciones privadas: la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y, en especial a los bancos Corpbanca, de Chile, BCI, Estado, BBVA, Itaú, HSBC Chile y Santander; al Grupo Security, la Asociación de Aseguradores de Chile, en especial a los aseguradoras BICE Vida, Zürich-Consolidada, Vida Security y la Aseguradora Magallanes; a  la Asociación Gremial de Fondos de Pensiones, en especial a las AFP  Cuprum, Provida, Modelo, Planvital;  a las corredoras de bolsa Celfín Capitales, Santander, Security y BCI; y a la Bolsa de Comercio de Santiago.

“Gracias a estas instituciones públicas y privadas se lograron todo los objetivos de las primeras Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos en Chile”, destacó Hölge.

Para explicar en qué consisten las tres etapas del plan antilavado, Agnic se reunirá hoy miércoles 23  con el Intendente Regional, Arturo Storaker; realizará la jornada de difusión abierta al público para explicar la legislación y normativa preventivas del lavado de activos que se encuentran vigentes, y sostendrá una reunión con la máxima autoridad en persecución penal del lavado de activos que es el Fiscal Regional, Juan Agustín Meléndez. Asimismo, se reunirá con el Director Regional de Aduanas, Roberto Cárdenas, la Directora Regional de Impuestos Internos, Rita Astorga, y la Tesorera Regional, Valentina Hurtado.

Para proteger la economía regional del crimen organizado, y como ya ocurrió con las regiones de Tarapacá y Metropolitana, la UAF ha identificado en la Región de Magallanes a más de 400 empresas y personas en incumplimiento legal. Por ello resolvió aplicar las tres etapas del plan antilavado: difundirá la próxima semana la legislación vigente desde 2004, notificará en enero de 2012 la situación de ilegalidad a los sujetos obligados que están en incumplimiento, e iniciará procesos sancionatorios por incumplimiento legal flagrante a las empresas y personas que persistan en su situación de ilegalidad.

Cabe recordar que la UAF es el organismo técnico encargado de asegurar que sus sujetos obligados -empresas y personas pertenecientes a 34 sectores económicos diferentes del país-, efectivamente previenen el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en su actividad comercial conforme a lo establecido en la ley. Para cumplir con su rol legal, la UAF emite normativa preventiva, fiscaliza que sea cumplida y sanciona ante incumplimientos; genera inteligencia financiera con la información enviada por sus sujetos obligados y la obtenida de otras fuentes, informa indicios de lavado de activos al Fiscal Nacional, y responde las consultas sobre empresas y personas realizadas fiscales que investigan dicho delito.

Agnic precisó que “nuestro plan es gradual, estamos aún en la primera etapa de difusión y buscamos que en 2012 podamos asegurar como organismo técnico que en la Región de Magallanes todas las empresas y personas que hoy están en incumplimiento legal han comenzado a prevenir el lavado de activos para proteger la economía regional y nacional”. Asimismo, aseguró que “en la Región de Magallanes ya tenemos a 60 sujetos obligados a informar que sí están cumpliendo con sus obligaciones legales, tales como el conservador de bienes raíces, el casino de juego, corredores de propiedades, casas de cambio, notarios, el hipódromo, agentes de aduana, casas de remate y martillo, la sociedad administradora de la zona franca, y parte de los usuarios de zona franca”.

En concreto, el Plan de Fiscalización Antilavado de Activos de la UAF busca que los sujetos obligados a informar se inscriban en el registro legal del organismo técnico, y entreguen los antecedentes de su oficial de cumplimiento para que inicien la prevención del lavado de activos en su actividad comercial como lo establece la legislación desde hace ocho años. Agnic indicó que “nos interesa que las empresas y personas obligadas por ley que en el país no cumplen con la legislación y normativa vigentes desde 2004, entiendan que estamos fiscalizando y que vamos a sancionar porque tenemos la obligación legal de proteger del crimen organizado su actividad económica, así como el desarrollo regional y la economía nacional”.

Es necesario considerar que legalmente la UAF cuenta con facultades administrativas, es decir, carece de atribuciones en materia penal. En efecto, mientras el Ministerio Público es el que tiene las atribuciones exclusivas de investigar y perseguir penalmente ambos, los tribunales de justicia son el poder autónomo del Estado que puede sancionar penalmente.

Hasta ahora, gracias al Plan de Fiscalización Antilavado de Activos, entre fines de 2009 y 2010, la UAF aumentó en un 78% (3.390) las empresas y personas que por primera vez informaron operaciones sospechosas y en efectivo en Chile. Conforme a ello, durante el primer semestre de 2011, la UAF recibió y analizó 525 reportes de operaciones sospechosas, envió a la Fiscalía un total de 49 porque arrojaban indicios de lavado de activos -29 más que en igual periodo de 2010-, y respondió 36 consultas de fiscales respecto de 298 personas naturales y jurídicas.

El convenio permitirá que la Fiscalía, en el ámbito de la persecución penal, y la UAF, conforme a sus facultades preventivas, profundicen el intercambio seguro y fluido de información, estructuren y elaboren informes periciales, capaciten a funcionarios de ambas instituciones, compartan buenas prácticas en materia de investigación patrimonial, y generen y aseguren el tratamiento de bases de datos y sistemas.

El Fiscal Nacional destacó que en el ámbito de la persecución penal del lavado de dinero, se ha formalizado a 220 personas por lavado de dinero y se han obtenido 39 condenas, en circunstancias de que en el sistema penal antiguo nunca se había conseguido. Estos fallos condenatorios han implicado la sanción de 76 personas en casos asociados a narcotráfico, corrupción publica y trafico de personas.

“La estrategia de persecución criminal inteligente del lavado de la Fiscalía, ha significado sanciones de cárcel más severas, la incautación de millones de dólares -que están disponibles para que el Ministerio del Interior los destine a la rehabilitación de drogas-, sanciones patrimoniales asociadas al decomiso de activos y a altas multas, además de la extensión de condenas a sujetos relacionados con el delincuente principal, que normalmente, no eran alcanzados por la persecución del delito base. En estos logros los aportes de la UAF han sido muy relevantes”, dijo Chahuán.

La directora de la UAF aseguró, en tanto, que uno de los intereses centrales de la UAF es “mejorar la oportunidad y calidad de la entrega de información financiera estratégica que se envía a la Fiscalía. Entre 2009 y 2010 la UAF aumentó en un 78% (3.390) las entidades supervisadas inscritas, es decir, que por primera vez  informaron sus operaciones sospechosas y en efectivo en Chile. Esto ya que ejercimos facultades de fiscalización y sanción por incumplimiento de las normas preventivas de lavado de activos”.

Asimismo, Agnic informó que “durante el primer semestre de 2011, la UAF recibió y analizó 525 reportes de operaciones sospechosas y envió 49 reportes con indicios de lavado de activos a la Fiscalía -29 más que en igual periodo de 2010-, y respondió 36 consultas de fiscales respecto de 298 personas naturales y jurídicas”.

El convenio permitirá que ambos organismos mantengan reuniones periódicas de intercambio de información, actualización de datos y exploren mecanismos para agilizar las comunicaciones de reportes de operaciones sospechosas.

Asimismo, fomenta la retroalimentación de información estadística respecto de investigaciones y sentencias por lavado de activos, operaciones sospechosas y en efectivo informadas por los más de 4 mil sujetos obligados a informar, de 34 sectores económicos, financieros y no financieros.

El convenio de colaboración contempla además el desarrollo de un sistema seguro y expedito de intercambio electrónico de información y traspaso de comunicaciones y oficios, además de generar equipos temporales para la realización de estudios en sectores vulnerables, jurídicos, económicos, financieros, tipologías de lavado y financiamiento del terrorismo; y se mantendrá la cooperación y apoyos recíprocos en las actividades internacionales especializadas.

“El objetivo de este convenio es constituir un gran bloque preventivo anti lavado de activos entre Aduanas y la UAF, que nos permita complementar tareas y generar sinergias que faciliten la detección oportuna de operaciones sospechosas de lavado de activos, a través de una mayor cooperación interinstitucional”, destacó Tamara Agnic.

Multas por incumplimiento
La legislación anti lavado de activos establece la obligación de todo viajero de presentar ante Aduanas su Declaración de Porte o Transporte de Dinero en Efectivo (DPTE) o instrumentos negociables al portador, desde y hacia Chile, por sumas iguales o superiores a US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.

Estos reportes son enviados a la Unidad de Análisis Financiero, organismo que los utiliza -junto a otros insumos- en sus procesos de generación de inteligencia financiera, orientados a detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero. Agnic destacó que la UAF está facultada imponer sanciones administrativas por incumplimiento de la obligación legal de declarar los DPE, las que van desde amonestaciones a un máximo de UF 3.000 (alrededor de $ 66 millones).

En 2010 la UAF recibió de Aduanas 13.117 declaraciones de ingreso de dinero en efectivo al país, equivalentes a US$ 979 millones en total; y 467 DPTE de salida, correspondientes a US$ 1.089 millones. Las principales zonas de ingreso de dinero en efectivo corresponden a Colchane (38% del total), Chungará (31%) y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago (17%).

Con la puesta en marcha del convenio se agilizará el despacho y recepción en línea, a través del sitio web de la UAF, de los declaraciones enviados desde avanzadas fronterizas y puntos de control en puertos y aeropuertos.

Asimismo, facilitará la coordinación de controles periódicos de porte y transporte de efectivo en pasos fronterizos, a través de operativos conjuntos entre Aduanas y la UAF. Estas actividades incluirán, además, ejercicios cooperación internacional de la misma índole, en el marco de lo que determine el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organismo que previne el lavado de activos en la región y en el que Chile es representado por la UAF.

La iniciativa coordinada por la UAF cuenta con la asistencia técnica de la UNODC, organismo internacional que financia el programa con el apoyo del gobierno británico. Tras una experiencia piloto en Colombia, Chile es el segundo país latinoamericano en el que se desarrolla el plan.

Las pasantías contemplan la transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas anti lavado de dinero, con el propósito de fortalecer nuestro Sistema Nacional de Prevención, Persecución y Sanción de dicho delito. En ese marco, y en una experiencia inédita en Chile, el programa reunirá a 100 representantes de 18 bancos, 4 AFP, 5 corredoras de bolsa y 4 compañías aseguradoras, con 100 funcionarios públicos, entre ellos jueces, fiscales, analistas financieros, investigadores y otros profesionales.

En jornadas teóricas y prácticas los asistentes tendrán la posibilidad de mejorar su comprensión mutua sobre legislación y normativas anti lavado de activos, señales de alerta indiciarias de LA/FT, tipologías de casos, instrumentos financieros utilizados como medios para lavar dinero, investigaciones patrimoniales y valoración de pruebas del delito, entre otras materias.

En su discurso inaugural, la directora de la UAF, Tamara Agnic, recordó que Chile fue calificado como país “Bajo Seguimiento Intensificado” en prevención y combate de LA/FT en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). En ese marco, sostuvo que “es obvio que necesitamos contar con la asistencia técnica internacional que hoy comenzamos a recibir gracias a la UNODC”.

Por su parte, Bo Mathiasen, Representante Regional para el Cono Sur  de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que el plan de entrenamiento diseñado para Chile es resultado del trabajo desarrollado durante los últimos 6 meses, en conjunto con la UAF, con más de 10 equipos técnicos y 70 expertos.

Las 44 instituciones asistentes
Este ejercicio técnico es el primer diálogo intersectorial que se realiza en Chile con todos los actores del sistema anti lavado de activos, lo que a juicio de los organizadores es un claro ejemplo del trabajo en equipo que en esta materia pueden realizar  las entidades públicas y privadas.

Agnic agradeció especialmente el compromiso de las 11 instituciones públicas y las 33 privadas participantes, todas las cuales forman parte del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos que coordina la UAF.

Los asistentes del sector público pertenecen a la  UAF, la Fiscalía de Chile; las superintendencias de Pensiones (SP), de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y de Valores y Seguros (SVS); los servicios de Impuestos Internos (SII) y de Aduanas; el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE); el Poder Judicial -incluyendo tanto a jueces de garantía, como de tribunales orales en lo penal que han dictado sentencias por lavado de dinero-; la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

En tanto, los 100 representantes del sector privado incluyen a los bancos de Chile, Estado, Santander, BBVA, BCI, Corpbanca, Security, Ripley, HSBC, ITAU, Penta, Scotiabank, Internacional, Paris, de La Nación Argentina, Rabobank y Falabella; a las AFP Cuprum, Provida, Planvital y Modelo; las corredoras de bolsa BCI, Celfin Capital, BancoEstado, Santander  y Security; y a las compañías aseguradoras Magallanes, Bice Vida, Security y Chilena Consolidada-Grupo Zurich; además de las asociaciones gremiales de Bancos e Instituciones Financieras, de AFP y de Aseguradores de Chile.

El programa, que convocó a jueces, fiscales, analistas financieros y otros profesionales de organismos técnicos del Estado facilita la transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas anti lavado de dinero entre los sectores público y privado, con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Persecución y Sanción de dicho delito.

En ese marco, y en una experiencia inédita en Chile, la primera parte del plan contempló tres jornadas teóricas en las que expertos de la banca, AFP, corredoras de bolsa y  compañías de seguros expusieron a los funcionarios públicos en qué consisten sus respectivos negocios y productos y cómo previenen que sean usados para lavar dinero.

La actividad fue inaugurada por la directora de la UAF, Tamara Agnic, quien recordó que Chile fue calificado como país “Bajo Seguimiento Intensificado” en prevención y combate de LA/FT en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). En ese marco, sostuvo que “es obvio que necesitamos contar con la asistencia técnica internacional que hoy comenzamos a recibir gracias a la UNODC”.

Por su parte, Bo Mathiasen, Representante Regional para el Cono Sur  de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que el plan de entrenamiento diseñado para Chile es resultado del trabajo desarrollado durante los últimos 6 meses, en conjunto con la UAF, con más de 10 equipos técnicos y 70 expertos.

La segunda etapa del programa contempla jornadas de entrenamiento práctico para los funcionarios públicos, quienes serán recibidos en las dependencias de los bancos, AFP, corredoras de bolsa y compañías de seguros que participan en las pasantías.

Asimismo, el plan considera jornadas teóricas y prácticas para un centenar de representantes del área privada, las que serán dictadas a fines de noviembre por funcionarios y expertos del sector público.
 
Las 44 instituciones asistentes
Agnic agradeció especialmente el compromiso de las 11 instituciones públicas y las 33 privadas participantes en las pasantías financieras, todas las cuales forman parte del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos que coordina la UAF.

Los asistentes del sector público pertenecen a la  UAF, la Fiscalía de Chile; las superintendencias de Pensiones (SP), de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y de Valores y Seguros (SVS); los servicios de Impuestos Internos (SII) y de Aduanas; el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE); el Poder Judicial -incluyendo tanto a jueces de garantía, como de tribunales orales en lo penal que han dictado sentencias por lavado de dinero-; la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

En tanto, los 100 representantes del sector privado incluyen a los bancos de Chile, Estado, Santander, BBVA, BCI, Corpbanca, Security, Ripley, HSBC, ITAU, Penta, Scotiabank, Internacional, Paris, de La Nación Argentina, Rabobank y Falabella; a las AFP Cuprum, Provida, Planvital y Modelo; las corredoras de bolsa BCI, Celfin Capital, BancoEstado, Santander  y Security; y a las compañías aseguradoras Magallanes, Bice Vida, Security y Chilena Consolidada-Grupo Zurich; además de las asociaciones gremiales de Bancos e Instituciones Financieras, de AFP y de Aseguradores de Chile.

Esta cita reservada se realiza una vez al año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.913, con el propósito de informar a la Comisión sobre aspectos generales de la gestión institucional.

Durante la sesión, presidida por el diputado Joaquín Godoy, la directora entregó, además, estadísticas públicas sobre el volumen de reportes que recibe la UAF; evolución de los procesos sancionatorios administrativos iniciados por incumplimiento de la normativa anti lavado de activos; dotación y presupuesto con que cuenta la institución para cumplir con sus funciones.

El interés que obtuvo la exposición se reflejó en una extensa ronda de consultas, tras la cual los diputados agradecieron la presentación y manifestaron su interés por mantenerse informados sobre los alcances de la gestión de la UAF y los desafíos que enfrenta.

Dittborn, quien concurrió a la cita acompañado de su jefe de gabinete, Jorge Sahd, fue informado en particular sobre las próximas actividades del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organismo de base regional en el que participa Chile y que promueve la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El ministro (s) recorrió además las dependencias de la UAF y aprovechó de conocer y compartir con sus funcionarios.

El lunes pasado comenzó en El Salvador el seminario internacional "La corrupción, el régimen legal, mecanismos de detección, investigación, persecución y juzgamiento: La experiencia chilena", que se extenderá hasta el 19 de agosto. La actividad, que convoca a fiscales, oficiales de inteligencia financiera, funcionarios judiciales y policiales de la  región, es organizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley del gobierno de Estados Unidos (ILEA, en inglés).

Entre los instructores del seminario se encuentra la analista de la División de Inteligencia Financiera de la UAF Daniela González, además de expertos de la Fiscalía de Chile y de la Policía de Investigaciones. Los tres organismos participaron, además, en  la preparación de las temáticas de este curso, que forma parte del Programa de Cooperación Triangular en beneficio de terceros países de América Latina y el Caribe, suscrito entre Chile y EE.UU., en febrero pasado.

El objetivo del seminario es debatir sobre la situación actual de la corrupción, a partir de la experiencia chilena, tras la puesta en marcha de la reforma procesal penal, la creación de una unidad especializada en materia de anti corrupción, el levantamiento del secreto bancario en circunstancias fundamentadas y la perspectiva multisectorial con que se aborda el delito en el país. En el último ranking de corrupción de Transparencia Internacional Chile quedó posicionado en el lugar 24 entre 180 naciones.

En la actividad, que fue inaugurada por el embajador de Chile en El Salvador, Renato Sepúlveda, en la Academia Nacional de Seguridad Pública, participan 35 funcionarios latinoamericanos.

En Uruguay, en tanto, se desarrolla el segundo taller avanzado para evaluadores de Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), en el que participa como expositor el abogado de la División Jurídica de la UAF Adrián Fuentes. La iniciativa se enmarca en el proyecto "Apoyo a la Lucha contra el Lavado de Dinero en América Latina y el Caribe", cofinanciado por la Unión Europea.

Chile es miembro desde diciembre de 2001 de GAFISUD, organización intergubernamental integrada por 12 países de la región, cuyo propósito es promover la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El organismo fue creado bajo el modelo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), constituido por las 34 mayores economías del mundo.

En el taller, que se desarrollará hasta el 19 de agosto, las exposiciones abordarán la supervisión financiera no bancaria, la situación regional en prevención de lavado de activos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el principio de legalidad administrativa, este último a cargo de Adrián Fuentes, entre otros temas.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre ambos organismos, con el propósito de evitar que las firmas inmobiliarias y los corredores de propiedades sean utilizados en la comisión del delito de lavado de dinero. Ambos sectores forman parte de los entidades que deben inscribirse en el registro de la UAF e informar las eventuales operaciones sospechosas de lavado de activos que detecten en el ejercicio de sus actividades.

El presidente de ACOP destacó que el convenio inaugura una nueva etapa de colaboración: “Estamos pasando de ser sujetos obligados a informar, como establece la ley, a ser colaboradores del trabajo preventivo de lavado de activos que realiza la UAF. Es de suma importancia que nuestros asociados comprendan los beneficios de poner en marcha acciones que limiten y ojalá anulen el riesgo de este delito”.

La Directora de la UAF añadió que para la oportuna detección de operaciones con indicios de lavado es clave contar con la cooperación del sector privado. “El convenio que suscribimos con ACOP se inscribe en esa línea, pues permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos, que coordina la UAF, y cuyo objetivo apunta a evitar los efectos adversos de este delito en la economía chilena”, señaló.

El acuerdo contempla proporcionar a la UAF información propia de ACOP con fines preventivos, elaborar un registro de consultas de los socios de la cámara con las respuestas oficiales de la UAF y colaborar en el desarrollo de actividades de difusión y capacitación, en las que se divulguen las normas vigentes y tendencias relativas al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Este convenio nos fortalece además como gremio, porque colabora con la regulación de nuestra actividad y, en este sentido, es importante que nuestros clientes estén conscientes de los riesgos que enfrentan si participan en un mercado informal de corretaje de propiedades, donde pueden verse envueltos en operaciones criminales de lavado de activos”, advirtió Manterola.

En la ceremonia de firma participaron, además, la vicepresidenta de ACOP, Loreto Rosende; el gerente general de la Cámara, Cristián Domínguez; los jefes de las divisiones Jurídica y de Cumplimiento de la UAF, Javier Cruz y Álvaro Torrealba, respectivamente, y la jefa de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez.

“El incremento en la detección de operaciones sospechosas de lavado de dinero es resultado directo del efectivo ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la UAF y de los procesos de inteligencia financiera que estamos desarrollando. A partir de  2010 aumentamos sustancialmente el número de entidades que nos reportan operaciones sospechosas, lo que ha impactado en el volumen de información que analizamos y cruzamos con bases de datos propias y externas para determinar si existen indicios del delito”,  destacó Agnic.

Como resultado del Plan Nacional de Fiscalización Anti Lavado de Activos aplicado por el organismo, las entidades supervisadas por la UAF aumentaron 80% en el primer semestre de 2011, respecto de igual periodo de 2010, al totalizar 3.782 sujetos obligados a informar a la UAF. Estos corresponden a empresas o personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 34 sectores económicos financieros y no financieros supervisados por el organismo, entre los que se encuentran bancos, AFP, corredores de propiedades, notarios, usuarios de zonas francas, agentes de aduanas y casas de cambio.

En el mismo lapso, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades supervisadas crecieron 48%, en relación con enero-junio 2010, al totalizar 525. Tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF halló señales indiciarias del delito de lavado de activos en 12 transacciones durante el primer trimestre y en otras 37, durante el segundo trimestre de 2011, todas las cuales fueron enviadas al Ministerio Público, único organismo responsable de la investigación y persecución penal del delito. Los reportes analizados que hasta ahora no arrojan antecedentes de lavado se  incorporaron a las bases de datos especializadas de la UAF.

Entre enero y junio de 2011 el organismo realizó, además, 27 fiscalizaciones en diferentes regiones y sectores económicos. En el mismo periodo inició 87 procesos sancionatorios administrativos, contra empresas y personas naturales que no están cumpliendo con la normativa anti lavado. La mayoría de ellos se concentra en sectores no regulados, entre los que destacan corredores de propiedades (18 procesos del total), notarios (13) y casas de remate y martillo (10).

Los reportes deben enviarse en línea, a través del Portal de Entidades Supervisadas publicado en la página web de la institución, en donde además están disponibles los manuales e instructivos para completar y despachar los informes. Dependiendo de la actividad económica corresponde el envío de reportes semestrales (enero-junio de 2011) o trimestrales (abril-junio de este año), detalle que se puede revisar en el calendario publicado en el mismo sitio web.

El jefe de la división de Fiscalización y Cumplimiento, Álvaro Torrealba, advirtió que en incluso si en el periodo a reportar no se registraron operaciones en efectivo superiores a 450 UF o su equivalente en otras monedas, “igualmente debe presentarse el Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo”.

Asimismo, destacó que es responsabilidad de los oficiales de cumplimiento de las entidades supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero verificar si el reporte fue correctamente enviado. “Tanto en los casos en que el informe no se presente a más tardar el 14 de julio, como en aquellos en que no sea aprobado porque no cumple con las instrucciones del instructivo de reportes, la UAF podrá iniciar procesos sancionatorios”, sostuvo.

La actividad, coordinada por la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) de la Cancillería, se enmarcó en el plan de trabajo acordado por el Grupo Chileno-Boliviano de Cooperación Bilateral.

La pasantía, realizada entre el 6 y el 10 de junio, contó con la participación de tres funcionarios de la UIF, quienes sostuvieron reuniones con la Directora de la UAF, Tamara Agnic, e intercambiaron con sus pares chilenos experiencias en uso de tecnologías, metodologías de inteligencia financiera, normativas para la prevención del lavado de activos y sistemas de fiscalización.

Mariela Castro, supervisora de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia, destacó que la pasantía “cumplió plenamente” los objetivos acordados. “Coordinaciones de este tipo permiten optimizar los mecanismos de cooperación bilateral para prevenir el lavado de activos. La UAF nos enseñó sus mejores prácticas y nos dio elementos suficientes para evaluar la adopción de medidas similares, por ejemplo, en el tratamiento de la información”, detalló.

Durante su permanencia en Chile, la delegación de la UIF sostuvo reuniones con los jefes de las divisiones de Análisis, Oscar Andrade; de Fiscalización y Cumplimiento, Alvaro Torrealba; Jurídica, Javier Cruz; de Tecnologías y Sistemas, Natalia Palacios; y con la jefa del área de Estudios, María Paz Ramírez.

La actividad se enmarcó en la visita técnica de dos días que los directores de la UAF, Tamara Agnic, y ULDDECO, Mauricio Fernández, realizaron a Tarapacá, con el propósito de coordinar con organismos públicos regionales acciones relacionadas con la prevención administrativa y la persecución penal del lavado de activos en la zona.

El seminario fue inaugurado por el Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra, quien destacó que “la UAF es una de las fuentes de información más relevantes para que el Ministerio Público inicie investigaciones penales por lavado de activos”.

Tras detallar que a la Fiscalía le interesa evitar los efectos adversos del delito en la economía de la región, advirtió: “Se requiere información de calidad, como la que proporciona la UAF, pues creemos que pueden existir focos de lavado de activos, considerando la situación geográfica de la región”.

De los 34 sectores económicos que supervisa la Unidad de Análisis Financiero, “la ZOFRI es el sector más sensible en la I Región, dado su alto volumen de usuarios y su ubicación estratégica, que la hace permeable al lavado de activos”, agregó el Fiscal Regional.

Durante su exposición, la Directora de la UAF explicó que para una prevención efectiva del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es fundamental aunar facultades entre las instituciones relacionadas; en tanto que el Director de ULDDECO detalló que, a nivel nacional, la Fiscalía ha dictado 35 sentencias condenatorias por lavado de activos desde 2000 a la fecha, las que involucran a 72 personas.

El miércoles 1 de junio, la Directora de la UAF, Tamara Agnic, y el director de ULDDECO, Mauricio Fernández, acudirán con sus equipos de trabajo a la Fiscalía Local de Iquique para sostener una reunión de coordinación con el Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra, la Fiscal Jefe de Iquique, Tania Sironvalle, y el Fiscal Jefe de Pozo, Almonte Hardy Torres, autoridades encargadas de perseguir penalmente el delito de lavado de activos.

Posteriormente, las delegaciones de la UAF y de la Fiscalía realizarán en la Intendencia Regional el seminario “Prevención del Lavado de Dinero en Iquique”, dirigido a los sectores económicos que legalmente deben cumplir con la normativa preventiva de lavado de activos y que son fiscalizados por la UAF, entre los cuales se encuentran los usuarios de la zona franca de Iquique, casas de cambio, agentes de aduana, notarios, casinos de juegos y corredores de propiedades de la Región de Tarapacá.

Durante la tarde de la misma jornada, las delegaciones de la UAF y del MP sostendrán una reunión de coordinación con la Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos, Leygo Chang; tras lo cual realizarán una reunión informativa con la Intendenta de la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger, en la que también participarán el Fiscal Regional y el Seremi de Hacienda, Miguel Ángel Quezada.

El jueves 2 de junio, en tanto, Agnic y Fernández se reunirán con el Director Regional de Aduanas, Raúl Barría.

Fiscalización efectiva
Por primera vez en la historia económica del país, la UAF está ejerciendo en forma efectiva sus facultades de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de la normativa preventiva de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en especial en aquellos sectores que carecen de regulación económica especializada, como los conformados por usuarios de zona franca, casas de cambio, corredores de propiedades, notarios, casinos de juegos y casas de remate y martillo, entre otros.

Para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, todas las empresas y personas naturales obligadas por ley a informar a la UAF deben reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo superiores a $ 9,7 millones (450 UF), así como registrar las operaciones que efectúen sus clientes, aplicando controles de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), mediante la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

Las normas de DDC son aplicadas internacionalmente con fines preventivos para generar registros de las operaciones realizadas por los clientes a través de cualquier medio de pago, destinados a conocer quiénes son los clientes, qué actividades desarrollan, cuáles son las operaciones comerciales y/o financieras que realizan, y cuál es el origen del dinero o de los instrumentos utilizados.

Los registros deben ser mantenidos durante 5 años porque pueden ser solicitados por la UAF para determinar si existen operaciones que exhiben indicios de lavado de activos, las que deben ser informadas al Ministerio Público; o bien, pueden ser requeridos por la UAF para responder a los requerimientos de información que efectúa el Ministerio Público respecto de personas o empresas que están siendo sometidas por dicho órgano a investigación penal.

El nuevo formato de registro reduce los tiempos de inscripción y limita la posibilidad de errores en los antecedentes digitados, pues basta completar los campos del formulario publicado en la sección “Entidades Supervisadas” para que el sistema envíe al correo inscrito una clave de acceso al portal de reportes. Con esa clave, las empresas y personas registradas pueden comenzar a enviar sus informes ROS y ROE, cumpliendo así con lo establecido en la Ley 19.913.

“La efectiva prevención del lavado de activos requiere que los cientos de empresas y personas naturales que en la actualidad no cumplen en Chile con  la normativa anti lavado de activos, porque no están reportando a la UAF,  se hagan cargo de su responsabilidad. En esa perspectiva, esta nueva página web, que facilita la inscripción, debiera transformarse en una poderosa herramienta para disminuir los niveles de incumplimiento y elevar el número de entidades supervisadas inscritas que reportan eficiente y efectivamente a la UAF”, destacó su directora, Tamara Agnic.

Durante el primer trimestre de 2011, el número de inscritos en el registro totalizó 3.556 empresas y personas naturales. En el mismo periodo, la UAF inició 80 procesos sancionatorios por incumplimiento de la normativa anti lavado de activos, la mayoría contra corredores de propiedades, notarios, casas de remate y martillo y usuarios de zonas francas.

Guía de “Señales de Alerta”
Las empresas y personas naturales que reportan a la UAF cuentan con la sección especializada “Entidades Supervisadas”, a través de la cual no solo acceden al portal de reportes, sino que también a manuales e instructivos para el envío de los informes ROS y ROE, circulares vigentes, calendario de fechas -por sector económico- en las que deben presentar los informes y  guías de señales de alerta.

Estas últimas detallan cómo detectar señales indiciarias de lavado o blanqueo de activos en los sectores financiero y no financiero, incluyendo descripción de situaciones según tipo de transacción y comportamientos sospechosos, con el propósito de facilitar la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar la materialización del delito.

 
El portal cuenta además con información detallada sobre el quehacer de la UAF,  los resultados de su gestión y estadísticas trimestrales sobre número de entidades supervisadas inscritas, reportes de operaciones con indicios de lavado de activos remitidos a la Fiscalía de Chile y procesos sancionatorios iniciados por incumplimiento de la normativa anti lavado de activos.

Asimismo, pone a disposición de la ciudadanía información sobre qué es el lavado de activos, cómo se configura el delito, publicaciones especializadas de organismos internacionales y un completo detalle de los convenios nacionales e internacionales suscritos por la UAF con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos.

El nuevo sitio web de la UAF fue desarrollado por CyberCenter, empresa que realizó la arquitectura de información y el diseño gráfico, siguiendo los más altos estándares de usabilidad, accesibilidad y encontrabilidad que permiten cumplir con la Guía Web  y con el Decreto N° 100 del Gobierno de Chile.

El acuerdo involucra la elaboración de estudios conjuntos, desarrollados por académicos del FEN y especialistas de la UAF, orientados a fortalecer el conocimiento en el ámbito de la prevención de LA/FT y la realización de investigaciones aplicadas respecto de los sectores económicos supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, detalló Agnic.

El propósito es contar con más y mejor información que permita robustecer el sistema nacional de prevención de lavado de activos y también disponer de estudios especializados que complementen los análisis de inteligencia estratégica que desarrolla la UAF, agregó.

La iniciativa incluye, además, pasantías de investigación en la UAF para alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile; la organización conjunta de congresos y seminarios sobre prevención de lavado de activos; acceso a bibliotecas y centros especializados de ambas instituciones; y patrocinios mutuos para actividades de difusión.

El convenio de cooperación con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile se suma así a la red de acuerdos de colaboración suscritos por la Unidad de Análisis Financiero con entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Fiscalía de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y la Lotería de Concepción, entre otras.