Preguntas frecuentes

Oficial de Cumplimiento

¿Qué es un oficial de cumplimiento?

Todas las personas naturales o jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben designar un oficial de cumplimiento o un funcionario responsable de relacionarse con la UAF, de reportar operaciones sospechosas, y de coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme las características organizacionales propias de su institución.

Hay que tener presente que los oficiales de cumplimiento, o los funcionarios responsables designados, están afectos a la prohibición de informar a los afectados o a terceras personas sobre la información requerida o remitida a la UAF (artículo 6°, Ley N° 19.913). La infracción a esta prohibición puede ser castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, y multa de 100 a 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (artículo 7°, Ley N° 19.913).

¿Quiénes pueden ser oficiales de cumplimiento?

Cada entidad decide a quién designa como oficial de cumplimiento o funcionario responsable ante la UAF. Para ello se debe tener en cuenta que será la persona encargada no solo de relacionarse con la UAF y de reportarle ROS y ROE, sino también de coordinar las políticas y procedimientos internos de su entidad relacionados con la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por ello se torna fundamental el nombramiento de un funcionario que ostente un cargo de alta responsabilidad dentro de la institución.

 ¿Cómo se actualizan los datos de un oficial de cumplimiento?

Para actualizar la información registrada ante la UAF, el oficial de cumplimiento, el funcionario público responsable o el representante legal deberá enviar un correo electrónico a la casilla indicada en su perfil del Portal de Entidades Reportantes de la UAF, o bien, completar el “Formulario de Contacto” del  ítem “Contáctenos” de esta página web. En el campo “Consulta” se deberá registrar como “Solicitud” la actualización/modificación de datos, indicando de la forma más completa posible lo que se desea revisar (nombre completo, RUT, dirección, teléfono y correo electrónico de la nueva persona).

¿De qué se trata el deber de confidencialidad?

La Ley N° 19.913 establece deberes de secreto tanto para la entidad reportante como para los funcionarios de la UAF, y para quienes participan en la investigación de los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo:

El artículo 6° de la Ley N° 19.913 prohíbe expresamente a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3°, incisos primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la UAF, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto. Igual prohibición rige para quienes sean requeridos en conformidad a la letra b) del artículo 2°, y para las personas que presten servicios a cualquier título a las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan tenido conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la UAF. La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 100 a 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). La misma pena se aplicará a quienes, estando obligados de conformidad a esta Ley a proporcionar información a la UAF, maliciosamente destruyan, alteren u oculten los antecedentes o documentos que deban entregar, o entreguen antecedentes o documentos falsos.

En tanto, el artículo 13 de la Ley N° 19.913 establece que todos los funcionarios de la UAF están obligados a mantener en estricto secreto todas las informaciones, y cualquier otro antecedente que se conozca en el ejercicio del cargo, y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades. La infracción de esta prohibición se sanciona con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo, y multa de 40 UTM a 400 UTM. Esta prohibición se mantiene indefinidamente después de hacer cesado en el cargo, comisión o actividad. Se exceptúan del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera el fiscal del Ministerio Público o el tribunal que conozca del procedimiento criminal por alguno de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley N° 19.913, como también de aquellos que le sirven de base.

Por su parte, y según el artículo 31 de la Ley N° 19.913, la investigación de los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento, y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menos en sus grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extiende a los funcionarios que hubieren participado en la investigación, y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando esta.

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