Índice AML 2024 ubicó a nuestro país en el lugar 144 (de entre 164), detrás de San Vicente y las Granadinas que por primera vez se incorporó al estudio.
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina y el Caribe, según la 13ª edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2024, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea[1].
El Índice AML evalúa anualmente las vulnerabilidades de los países al lavado de activos y a los delitos financieros relacionados, y sus capacidades para contrarrestarlas. Las puntuaciones cubren 17 indicadores sobre 5 temáticas: Calidad del marco antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (ALA/CFT/CFP), Corrupción y fraude, Transparencia y normas financieras, Transparencia pública y rendición de cuentas, y Riesgos legales y políticos.
Los 5 países con mejor desempeño en el Índice AML 2024 fueron San Marino, Islandia, Finlandia, Estonia y Andorra, mientras que Myanmar, Haití, República Democrática del Congo, Chad y Venezuela, los con rendimiento más bajo.
Respecto de nuestra región, se incorporó a Bolivia, Brasil, El Salvador y a San Vicente y las Granadinas, y se sacó a Aruba. “En algunos países hay problemas importantes con los delitos medioambientales y el tráfico de drogas. La transparencia financiera es un problema menor, ya que la mayoría de las jurisdicciones no son grandes centros financieros. Además, Barbados, Jamaica y Panamá fueron eliminados de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, expresa el Informe.
Agrega que el área con puntuación más baja es la de Calidad del marco ALA/CFT/CFP, siendo la investigación, persecución y sanción del lavado de dinero lo más débil en términos de efectividad.
En 2024, la puntuación total de Chile llegó a 4,08, ubicándose en el lugar 144 (versus 126 en el AML 2023) de entre 164 (versus 152) jurisdicciones (mientras más alto el puesto, mejor) resultando, nuevamente, el segundo país mejor evaluado en Latinoamérica y el Caribe, aunque esta vez, detrás de San Vicente y las Granadinas (lugar 146).
El Informe destaca la mejora, a nivel global, del cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones (40R) del GAFI, lo que significa que los países han fortalecido sus marcos regulatorios para contrarrestar el LA/FT/FP. Los mayores progresos se observan en el establecimiento de sanciones financieras dirigidas, medidas para abordar a los países de mayor riesgo y a las personas expuestas políticamente, y la debida diligencia del cliente por parte de las actividades profesionales no financieras designadas (abogados, contadores y empresas de juegos de azar).
En contraste, la eficacia de las medidas para prevenir y combatir el LA/FT/FP sigue siendo baja. Según el Informe, los avances en el cumplimiento técnico de las normas no se traducen en investigaciones, procesamientos o sanciones, a lo que se suman que hay un uso indebido de las personas y estructuras jurídicas para la comisión de actos ilícitos, poca disponibilidad de información sobre los beneficiarios finales, y escasos avances en el decomiso de activos.
AVANCES DE CHILE
Recordar que, en 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió el Informe de la Cuarta Ronda de Evaluación a Chile, dejando a nuestro país en un proceso de seguimiento intensificado. Esto, porque, en las mediciones del cumplimiento técnico de las 40R del GAFI, el país logró 12 Cumplidas, 18 Mayoritariamente Cumplidas, 9 Parcialmente Cumplidas y ninguna No Cumplida, pero, respecto de la efectividad, obtuvo 3 Resultados Inmediatos con “Sustancial”, 7 “Moderado” y 1 “Bajo”.
Tras ello, y para superar las deficiencias detectadas, la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) decidió elaborar un nuevo Plan de Acción de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, cuyos compromisos se desarrollan y llevarán adelante hasta el año 2027.
“Desde fines del año pasado, representantes de 29 instituciones públicas hemos estado trabajando en la implementación de las 54 medidas del Plan 2023-2027, el cual muestra casi un 70% de progreso. La coordinación interinstitucional ha sido clave para establecer líneas concretas para combatir el crimen organizado, persiguiendo sus ganancias mal habidas e impidiendo que reinicien actividades ilícitas a través de terceros”, dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
Acotó que el trabajo de la MILAFT se complementa y fortalece con la Política Nacional contra el Crimen Organizado y la Estrategia Nacional de Integridad Pública que el Gobierno ha puesto en marcha, así como con los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso y que buscan modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado y crear un Subsistema de Inteligencia Económica, así como un Registro de Personas Beneficiarias Finales.
“Para que el país pueda salir del proceso de seguimiento intensificado del Gafilat, debe, entre otros, mejorar su marco legal de combate al financiamiento del terrorismo y de congelamiento de bienes, crear un Registro de Beneficiarios Finales que faculte el acceso a información actualizada, precisa y oportuna por parte de las autoridades competentes; e incluir a los abogados, contadores y a los proveedores de servicios societarios como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF”, puntualizó Pavez, recordando que la Quinta Ronda de Evaluaciones del GAFI se centrará en la efectividad de las acciones adoptadas por los países con un enfoque de sus riesgos de LA/FT/FP.
[1] Disponible en https://index.baselgovernance.org/