La iniciativa contempla 5 líneas de trabajo y 50 tareas específicas para fortalecer las barreras de la economía chilena frente al blanqueo de fondos ilícitos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El convenio fue firmado por los subsecretarios de Interior, Relaciones Exteriores y Hacienda, los superintendentes financieros, el Contralor General, el Fiscal Nacional y los directores de Aduanas, el SII y la UAF, entre otras autoridades.
El Gobierno presentó hoy la “Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo”, iniciativa que contempla 5 líneas de trabajo y 50 objetivos específicos, que desarrollarán en conjunto 20 organismos públicos, con el propósito de elevar las barreras de la economía chilena frente a ambos delitos.
La puesta en marcha del plan, que contó con la asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue presentada en el Palacio de La Moneda por los subsecretarios de Interior, Rodrigo Ubilla, y de Hacienda, Julio Dittborn, junto al Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, organismo que actuó como secretaría técnica. La Estrategia Nacional Antilavado fue formalizada con la firma de un convenio marco de implementación, suscrito por las autoridades de los 20 organismos que, durante un año y medio, participaron en su diseño.
A través de la creación de una Comisión Técnica Intersectorial se coordinarán los esfuerzos que las instituciones participantes, dependiendo de su ámbito de acción, desarrollan en prevención, detección o persecución penal del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Con ello se espera elevar las capacidades investigativas, facilitar a los organismos pertinentes accesos a amplias bases de datos con información relevante, desarrollar acciones preventivas y fortalecer la detección de operaciones de blanqueo de fondos ilícitos.
Según estimaciones del FMI, anualmente se lava el equivalente a entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Chile no es la excepción: entre 2007 y el primer semestre de 2013 se han dictado en el país 54 sentencias condenatorias por lavado de activos, las que involucran a 108 personas. El narcotráfico es el principal delito base que ha originado las operaciones de blanqueo; sin embargo, también se han detectado casos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y trata de personas.
Con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antilavado se busca proteger el activo reputacional de Chile, en términos de estabilidad social, económica y financiera, clima de negocios, bajos niveles de corrupción y atracción de inversiones. Asimismo, la iniciativa posiciona al país entre la vanguardia de naciones que está respondiendo a las nuevas exigencias internacionales emitidas por del Grupo de Acción Financiera (GAFI) -al que pertenece la mayoría de los países OCDE- en orden a implementar Estrategia Nacionales como la herramienta más idónea para combatir al crimen organizado.
LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
Las cinco líneas de acción que contiene la estrategia son:
- Comprensión del fenómeno de LA/FT y coordinación interinstitucional ad hoc para combatirlo: contempla 9 objetivos específicos, orientados a alcanzar niveles adecuados de cooperación y coordinación entre autoridades competentes para el desarrollo de políticas y actividades de prevención, detección y combate LA/FT.
- Investigaciones patrimoniales y administración de activos incautados y decomisados: 10 objetivos específicos, entre los que destacan aprobar el proyecto de ley que permite incautar y decomisar bienes de valor equivalente; y promover la creación por Ley de un órgano o agencia de administración de bienes incautados y decomisados.
- Medidas para controlar el movimiento de activos por frontera: contempla 8 objetivos específicos, entre ellos fortalecer el control sobre instrumentos negociables al portador; mejorar los perfiles de riesgo migratorios; y fortalecer los resguardos y procedimientos aplicados a la obtención y análisis de información relativa a los flujos de inversión provenientes del extranjero, incluyendo acciones preventivas en el sistema financiero, notarial, tributario y de registro.
- Ajustes a la legislación nacional para la prevención y el combate del LA/FT: contempla 8 objetivos específicos, entre los que destacan desarrollar una evaluación de riesgos a nivel país para identificar sectores, actividades, productos y servicios que están expuestos a un mayor riego de ser utilizados para lavar activos o financiar terrorismo; crear un mecanismo permanente de revisión de la legislación actual y proyectos de ley en proceso de aprobación; y redactar un proyecto de ley que incorpore las necesidades legislativas detectas en LA/FT.
- Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas: contempla 15 objetivos específicos, con el fin de impedir el uso indebido para lavar activos o financiar terrorismo de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, con especial atención en el sector de organizaciones sin fines de lucro.
ORGANISMOS QUE SUSCRIBIERON EL PLAN DE ACCIÓN
El convenio que pone en marcha el Plan de Acción de la Estrategia Nacional Antilavado fue suscrito por el Contralor General, Ramiro Mendoza; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; los subsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla, de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva, y de Hacienda, Julio Dittborn; los superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras, Raphael Bergoeing, de Valores y Seguros, Fernando Coloma, de Pensiones, Solange Berstein, de Casinos de Juego, Renato Hamel y de Seguridad Social, María José Zaldívar; los directores del Servicio Nacional de Aduanas, Rodolfo Álvarez y de Impuestos Internos (S), Alejandro Burr; el General Director de Carabineros, Gustavo González; el Director General de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez; el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de Directemar, Capitán Iván Valenzuela; y el Director de la UAF, Javier Cruz.