La iniciativa aumenta los delitos base que dan origen al blanqueo de fondos ilícitos, incluyendo el contrabando, la piratería, la falsificación de billetes y la comercialización de pornografía infantil, entre otros. Además eleva el número de entidades reguladas por la UAF y da atribuciones al Ministerio Público para levantar el secreto bancario en investigaciones por lavado.
El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que mejora las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Ministerio Público para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en Chile. Tras el despacho en particular del texto, la iniciativa pasó a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El proyecto busca proteger la estabilidad económica, financiera y reputacional del país de los daños que provocan el blanqueo de fondos de origen ilícito y el financiamiento del terrorismo. Con esos propósitos, amplía el número de delitos sancionables que dan origen al lavado de activos, aumenta las entidades reguladas y fiscalizadas por la UAF y entrega atribuciones al Ministerio Público para levantar el secreto bancario en investigaciones por blanqueo de fondos, previa autorización de un juez de garantía.
En la actualidad más de 5.000 personas naturales y jurídicas, de 36 sectores económicos, tienen la obligación legal de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas de blanqueo de fondos que detecten en el ejercicio de sus actividades. Entre ellas se incluye a la banca, las AFP’s, las compañías de seguros, los corredores de propiedades, notarios y usuarios de zonas francas, entre otros, a los que el proyecto sumaría a las bolsas de valores y productos, a las organizaciones deportivas profesionales y a organismos públicos, como las Superintendencias.
Asimismo, entre los delitos base que agrega la iniciativa se encuentran el contrabando, la piratería, la fabricación y circulación de billetes falsos, la distribución y comercialización de pornografía infantil, las estafas y defraudaciones, y las asociaciones ilícitas, entre otros.
Durante 2013, los regulados por la UAF enviaron al Servicio 1.721 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Tras realizar análisis internos, la UAF derivó al Ministerio Público para su investigación 71 informes de inteligencia financiera con indicios de operaciones de lavado de activos, los que en conjunto contenían 201 ROS.
Entre 2007 y el año pasado, los Tribunales de Justicia dictaron 60 condenas por lavado de dinero en Chile, las que involucraron a 117 personas.