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En 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 73 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 8 fueron archivados, 2 recibieron amonestación escrita y 63 resultaron con multas a beneficio fiscal por un total de 2.915 unidades de fomento (unos $ 112 millones)[1][2].

El monto representa una disminución de 29,8% respecto de las sanciones ejecutoriadas el año anterior (53 por un total de UF 4.155), y es el resultado de las fiscalizaciones que realiza la UAF para verificar el cumplimiento efectivo de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas expresamente señaladas en el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913, más conocidas como sujetos obligados.

Las 63 sanciones con multa recayeron en entidades representantes de 11 actividades económicas, ubicadas de 9 regiones del país. Del total, 47 se cursaron en la Región Metropolitana (por UF 1.800), 5 en la de Ñuble (por UF 385), 3 en la de Arica y Parinacota (por UF 215), 2 en la de Los Lagos (por UF 230), 2 en la de Tarapacá (por UF 80), 1 en la de Los Ríos (UF 50), 1 en la de Aysén (por UF 50), 1 en la de Antofagasta (por UF 40) y 1 en la del Biobío (por UF 30).

Por sectores, 15 empresas de factoraje fueron sancionadas con UF 590; 4 casinos, con UF 550; 9 notarios, con UF 485; 10 casas de cambio, con UF 435; 8 administradoras de fondos de inversión, con UF 170; 4 empresas de gestión inmobiliaria, con UF 160; 5 empresas de trasferencia de dinero, con UF 145; 3 cooperativas de ahorro y crédito, con UF 140; 2 compañías de seguros, con UF 130; 1 empresa de leasing, con UF 70 y 2 administradoras generales de fondos, con UF 40.

De acuerdo con las facultades legales, la UAF puede ejecutar acciones de supervisión in situ o remotas en cualquier momento, utilizando un criterio de seguimiento de las entidades reportantes del sector privado según los riesgos identificados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a los que se exponen las actividades a las que pertenecen.

El rol supervisor de la UAF se complementa con el Plan Nacional de Capacitación del Servicio, el cual, en 2024, y por sexto año consecutivo, superó las mil entidades reportantes capacitadas[3] sobre cómo prevenir y detectar operaciones sospechosas y, con ello, fortalecer el Sistema Nacional antiLA/FT.

En 2024, el Plan de Supervisión con base en los riesgos de LA/FT contempló 163 acciones presenciales (+2,5% anual), las que se concentraron en 18 actividades económicas de 26 comunas ubicadas en 8 regiones del país.

Al desglosar, 8 sectores económicos concentraron el 74% de las supervisiones del año: 22 fiscalizaciones fueron a empresas de factoring (13,5%), 20 a casas de cambios (12,3%), 17 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (10,4%), 15 a empresas de transferencia de dinero (9,2%), 13 a corredores de propiedades (8,0%), 12 a notarios (7,4%), 11 a administradoras generales de fondos (6,7%) y 10 a usuarios de zonas francas (6,1%). Las restantes 43 fiscalizaciones se concentraron en otros 10 sectores.

En cuanto a la distribución geográfica, el 74,2% de las supervisiones se realizó a entidades reportantes de las comunas de la Región Metropolitana (121 acciones). Más atrás se ubicaron las regiones de Tarapacá (11 acciones y 6,7% del total), Los Lagos (9 acciones y 5,5%), Atacama, Coquimbo, Magallanes y la Antártica chilena (5 acciones cada una y, en conjunto, 9,2%), Libertador Bernardo O’Higgins (4 acciones, 2,5%) y Valparaíso (3 acciones, 1,8%).

Tras detectar incumplimientos de las obligaciones establecidas en sus Circulares y en la Ley N°19.913, la UAF resolvió iniciar 61 procesos sancionatorios administrativos (-47,9% anual): un 32,8% fue a notarios, un 16,4% a casas de cambio, un 11,5% a usuarios de zonas francas, un 9,8% a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria y un 9,8% a administradoras de fondos de inversión. Así, estos cinco sectores representaron, aproximadamente, el 80% del total de procesos sancionatorios iniciados en 2024, mientras que el 20% restante se distribuyó en otros 6 sectores.

POLÍTICAS DE SUPEVISIÓN Y SANCIONADORA

En 2024, y con el objetivo de promover y orientar el cumplimiento e implementación efectiva de la normativa vigente para prevenir y detectar el LA/FT por parte de los sujetos obligados señalados en el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913, la UAF lanzó su Política de Supervisión con un Enfoque Basado en Riesgos de LA/FT/FP y su Política Sancionatoria.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley N°19.913, las personas naturales o jurídicas que no cumplan con sus obligaciones o deberes para prevenir y detectar el LA/FT/FP serán sancionadas, tomando en especial y estricta consideración la capacidad económica del infractor como, asimismo, la gravedad y las consecuencias del hecho u omisión realizada, y su reiteración.

En ese contexto, la UAF identifica, en función de los riesgos de LA/FT/FP, aquellos sectores y, dentro de estos, las entidades reportantes mayormente expuestas a ser mal utilizadas por terceros para cometer dichos actos ilícitos, ya sea por la vulnerabilidad propia de su actividad o modelo de negocios, como por incumplimiento en su obligación de implementar sistemas de prevención/detección de forma adecuada y oportuna.

En línea con ello, la potestad para iniciar procedimientos administrativos sancionatorios considera el riesgo e impacto que tienen los incumplimientos verificados en la economía y en el Sistema Nacional antiLA/FT/FP, pudiendo los casos terminar con amonestaciones o multas, o bien, con medidas que orienten al sujeto obligado a superar o corregir la(s) deficiencia(s) detectada(s).

SANCIONES CON MULTAS:

[1] Valor UF del 31 de diciembre de 2024: $ 38.416,69.

[2] Sanciones disponibles en https://www.uaf.cl/prensa/sanciones_new.aspx

[3] Se capacitaron 3.827 personas de 1.187 sujetos obligados.