Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.
Los jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Álvaro Torrealba y María Paz Ramírez, respectivamente, participaron este lunes y martes en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes, para dar a conocer los alcances de la Ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
La iniciativa, promulgada el 18 de febrero pasado, introduce importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó la UAF. Entre ellas, el aumento a 38 de las actividades económicas supervisadas por la UAF, y la posibilidad de todos los servicios y órganos del Estado de reportar aquellas operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades.
“De las 5.319 personas naturales y jurídicas que tenemos inscritas al 31 de diciembre de 2014 en el Registro de la UAF, 374 pertenecen a la Región de Magallanes (349 son de Punta Arenas, 18 de Puerto Natales y 7 de Porvenir). De ellas, el 89,6% corresponde a usuarios de zona franca y el 3,2%, a casas de cambio. Pero la Ley N° 19.913 obliga a entidades de 38 sectores económicos a estar registradas. Por eso hemos venido hasta acá: para hacer un llamado a que se inscriban, cumplan con la normativa y participen en el sistema preventivo del lavado de activos”, dijo el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Álvaro Torrealba.
Tras exponer “Las Claves para Proteger a Punta Arenas del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo” a representantes de los sectores público y privado de la zona, Torrealba agregó que, según estimaciones de la Unidad, “hay 187 usuarios de la Zona Franca Austral que no están inscritos en la UAF; por tanto, están en incumplimiento”.
Puntualizó que, además del deber legal de inscribirse, designar un Oficial de Cumplimiento y actualizar sus datos cuando corresponda, los sujetos están obligados a enviar a la UAF Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a USD 10.000, y Reportes Negativos de Operaciones en Efectivo (ROE Negativo).
“Las sanciones por incumplimiento de la normativa antilavado de activos parten desde una amonestación escrita hasta una multa a beneficio fiscal que puede alcanzar las UF 5.000”, apuntó Torrealba.
Por su parte, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez, manifestó su inquietud por el hecho de que de los 8.438 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que ha recibido la UAF entre los años 2009 y 2014, solo 10 han sido emitidos por entidades supervisadas de Punta Arenas: 8 por casas de cambio, 1 por un corredor de propiedades y 1 por un usuario de zona franca.
“Lo que la gente debe saber es que reportar una operación sospechosa no es hacer una denuncia, sino que decirle a la UAF que se realizó una transacción inusual, extraña, sin justificación clara o razonable. Es la UAF la encargada de identificar la eventual existencia de indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y es el Ministerio Público el que debe investigar y los Tribunales de Justicia, sancionar penalmente ambos delitos”, explicó María Paz Ramírez.
Enfatizó que, entre 2012 y 2014, la UAF ha iniciado 1.028 procesos sancionatorios a lo largo del país, de los cuales 93 han sido a personas naturales y jurídicas de Punta Arenas: 82 a usuarios de zona franca, 7 a casas de cambio, 3 a corredores de propiedades y 1 a una casa de remate y martillo. De los 93 procesos sancionatorios iniciados en Punta Arenas, 55 han sido por no informar o enviar fuera de plazo los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), y 38 por no dar cumplimiento a las circulares o instrucciones emitidas por la UAF.
En tanto, la gobernadora provincial de Magallanes, Paola Fernández, manifestó que “el lavado de dinero es un problema socioeconómico que produce efectos no deseados en la economía, el Gobierno y la sociedad. Afecta a las decisiones comerciales, al sistema financiero, daña la reputación de las entidades y del país, y expone a nuestra población a graves delitos. Por tanto, si no se detiene, puede tener consecuencias devastadoras para la economía en su conjunto”.
Cabe destacar que, en 2014, la UAF realizó 98 fiscalizaciones en terreno a lo largo de Chile, 11 de las cuales fueron en la comuna de Punta Arenas.