Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha formulado el siguiente comunicado de prensa para su conocimiento y distribución.
¿Qué es el GAFILAT?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra
ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013).
Nuestro papel consiste en:
• Comprender los riesgos, compartir el conocimiento y la experiencia de nuestros miembros y sus instituciones de orden público;
• Desarrollar y promover políticas y estándares para hacer frente a dichos riesgos, y;
• Evaluar a los países con respecto a tales estándares.
Somos el organismo regional encargado en evaluar qué tan efectivos son los países en la implementación de los estándares globales.
¿Cuáles son los estándares internacionales relevantes en la materia?
Los instrumentos empresariales (corporate vehicles) pueden ser mal utilizados para una variedad de actividades ilícitas incluyendo lavado de activos, evasión de sanciones, evasión fiscal y financiamiento al terrorismo. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda que
los países tomen medidas para prevenir el uso indebido de las compañías y fideicomisos (personas e instrumentos jurídicos) para fines de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
De manera particular, los países deben asegurar que exista información que sea adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y la estructura de control sobre estas personas jurídicas disponible para las autoridades de orden público. Asimismo, se requiere que se
tomen medidas adicionales cuando los países permitan las acciones al portador, así como los accionistas y directores nominales.
Relación de la situación actual con la Evaluación de Panamá
Panamá es un miembro de GAFILAT y como tal será evaluado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas el año próximo (2017), con base en el calendario de evaluaciones aprobado por el organismo. Recientemente, Panamá ha realizado un esfuerzo
considerable en mejorar su sistema ALA/ CFT, lo que incluyó la modificación de su ordenamiento legal, mismo que ha sido reconocido por el GAFI; es importante destacar que dichas medidas serán objeto de la próxima evaluación a realizarse a dicho país.
El GAFI estaba suficientemente preocupado con relación a las serias deficiencias de Panamá, que en 2014 fue objeto de un escrutinio especial y listado públicamente por dichas falencias. Desde entonces, el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG por sus siglas en inglés) realizó una revisión de las acciones sustanciales
llevadas a cabo por el Gobierno de Panamá para atender a tales deficiencias, entre las que se incluyen:
• Leyes para penalizar completamente el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en abril de 2015;
• Reglamentaciones emitidas en diciembre de 2014 para restringir las acciones al portador, mediante el requerimiento de identificación del beneficiario final de las corporaciones al momento de la apertura de cuentas bancarias;
• Reglamentaciones emitidas en agosto de 2015 para cubrir a 14 sectores, incluyendo al sector inmobiliario, servicios legales y transmisores de dinero.
Es importante señalar que en febrero de 2016, tras una visita in situ a Panamá realizada el mes de enero, el ICRG determinó que las acciones que había llevado a cabo Panamá eran suficientes para concluir con dicho escrutinio especial, a la vez que resaltó el compromiso político que había mostrado el país. Se instó al país a continuar trabajando en la mejora de su sistema anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la mano de GAFILAT.
Resaltamos que GAFILAT no es un órgano investigativo o de orden público y no está en posibilidad de comentar sobre el caso. Sin embargo, sí nos permitimos enfatizar la importancia de que los países implementen de manera efectiva los estándares del GAFI, en especial:
• Asegurando que los bancos, abogados, contadores y otros negocios de riesgo conozcan quien es el propietario y quien controla en última instancia a sus clientes, y reporte las actividades sospechosas;
• Asegurando que haya información adecuada, precisa y oportuna sobre beneficiarios finales a disposición de las autoridades de orden público y otras autoridades competentes, como son las aduanas, y;
• La aplicación efectiva de dichas medidas por parte de los reguladores, así como un sistema sólido de investigación y procesamiento del lavado de activos por parte de las autoridades de orden público.