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“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su oficina del piso 17, con vista al Paseo Ahumada. “Éramos una institución que no estaba habituada a estar en la palestra pública”, agrega el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En su primera entrevista tras los severos cuestionamientos realizados a la entidad, debido a su actuación en los casos de estafas masivas, como AC Inversions, Arcano y Milicogate, entre otros, el abogado de 40 años reitera que sigue creyendo que fue lo correcto esperar a que los citara la comisión investigadora de fraudes de la Cámara de Diputados antes de hablar.

Esta semana, Cruz fue dos veces al Congreso. Ante los diputados dijo que la UAF sólo está encargada de identificar la existencia de indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y no otros delitos. Explicó, además, que las supuestas 15  alertas del casino Monticello respecto de las millonarias apuestas del cabo Juan Carlos Cruz con dinero del fraude conocido como Milicogate no fueron precisamente eso; adelantó que le gustaría ver a las automotrices reportando operaciones sospechosas; que se ha sentido respaldado por el Ministerio de Hacienda y que la relación con los fiscales “va más allá de la actuación de una persona”.

-¿Cómo está actualmente la relación con el Ministerio Público?

-Las relaciones son absolutamente normales. Llevamos muchos años trabajando con el Ministerio Público, tenemos muchas investigaciones y no a raíz de los últimos sucesos vamos a poner en cuestión una relación profesional que ha costado muchos años edificar y construir.

-¿Pero el fiscal Gajardo acusó que en el caso AC Inversions hubo cuatro alertas que no fueron oídas por la UAF?

-Como digo, para nosotros, evidentemente, las situaciones no han sido fáciles. Hemos estado expuestos a la luz pública de manera importante. Que se desconozcan en gran medida las funciones y facultades legales que tiene la UAF ayudó a que se generara un clima bastante adverso para el servicio, pero nosotros consideramos que la relación con el Ministerio Público va más allá de la actuación de una persona, por cierto. Sin embargo, esperamos que a futuro recuperemos y mantengamos el respeto por las funciones que cada una de las entidades tiene de acuerdo a la ley. Eso es fundamental para que el sistema funcione.

-¿Por qué dice que recuperemos el  respeto? ¿Se perdió en algún momento?

-Yo espero que no, pero claramente, y como siempre en todas las relaciones, tenemos que enfocarnos en que este sistema funcione cuando los dos trabajamos en la misma vereda.

-¿La UAF habló del tema con el fiscal nacional, Jorge Abbott?

-Hemos mantenido las relaciones institucionales por los canales más formales posibles. Tenemos una relación que va más allá de este caso, que para nosotros es uno de muchos de los que llevamos con la fiscalía. Por lo tanto, cometeríamos un error al querer, de alguna forma, condicionar nuestra relación con el Ministerio Público a partir de un caso. Estamos en la misma vereda, el éxito de la fiscalía es, finalmente, el éxito de  la UAF.

-Pero estos últimos casos de estafas han puesto por primera vez en muchos años a la UAF en el medio de la polémica...

-Como servicio público, evidentemente no podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados. Éramos una institución que no estaba habituada a estar en la palestra pública, pero la forma de trabajar de la UAF no ha cambiado y consideramos que los cuestionamientos que se nos han hecho derivan en gran parte del desconocimiento mismo de las facultades legales de la UAF. Ahora, respecto de la ciudadanía, obviamente, ante el trabajo tan técnico que tiene esta unidad no podría esperar que tenga un conocimiento acabado, pero sí de parte de abogados o personas como el mismo director ejecutivo de Chile Transparente (Alberto Precht), que hablan con los medios de comunicación con un desconocimiento absoluto de nuestras facultades. No solamente nos sorprende, sino que, además, es muy irresponsable.

-¿Por qué la UAF no salió a defenderse?

-Se nos ha preguntado bastante por qué no salimos a defendernos de inmediato, por qué no respondimos a las acusaciones si teníamos fundamento para ello, y aquí la verdad es que tomamos en consideración dos elementos: las personas que estaban involucradas como eventuales víctimas y los eventuales delitos. Creímos y seguimos creyendo que fue lo correcto esperar a que se nos citara a la comisión investigadora de fraudes y que fueran los diputados, quienes están investigando estos hechos, los primeros en conocer la posición oficial de la UAF.

-¿Se sintieron respaldados por el ministro de Hacienda?

-Tenemos una relación técnica con el ministerio. Es una relación bastante fluida, tenemos una ley que cumplir, metas y la oportunidad de explicar en los distintos foros lo que hace la UAF.

REFORMA A LA LEY

-Tras estos casos, ¿cree necesario refrescar la ley que creó la UAF?

-Estamos en una situación bastante particular, porque hace poco más de un año que se aprobó una reforma a la ley, agregando bastantes elementos al quehacer de la UAF. Hoy día, más que estar viendo cuáles son las falencias, que eso lo está revisando un comité que dirige el mismo ministro de Hacienda, nos encontramos en la implementación de la norma. Pero, evidentemente, estamos a la disposición de todos los órganos respectivos para dar nuestra visión y ver si se pueden hacer mejoras.

-¿La UAF debería tener medidas intrusivas?

-Consideramos que es un elemento muy delicado, porque tal como dice nuestra ley recibimos información, que es una excepcionalidad dentro del ordenamiento jurídico chileno, que son sospechas. Ningún otro órgano del Estado recibe sospechas para poder iniciar una investigación. Creo que hay que tomar el tema con bastante cuidado.

-Pero dados estos casos, ¿la UAF no debería tener un carácter más persecutorio?

-Es que la naturaleza jurídica de la UAF no es persecutoria, es preventiva. Entonces, son ámbitos totalmente distintos. Como dice la ley, la unidad tiene absoluta prohibición de realizar cualquier actividad propia del Ministerio Público o de los tribunales de justicia. Eso es un elemento que hay que cuidar. Gran parte de los problemas que han tenido unidades de análisis financiero a nivel internacional es, precisamente, por inmiscuirse en actividades propias del Ministerio Público, y viceversa. Por eso, el respeto de los marcos legales es fundamental.

-¿Y poder iniciar investigaciones de oficio, como la SVS?

-Hoy, la UAF no puede iniciar investigaciones de oficio. Eso tampoco es inusual a nivel internacional y tiene una razón de ser. Lo que se busca preservar, por el tipo de información que se maneja, es que no pueda ser utilizada bajo ningún aspecto para hacer investigaciones dirigidas. Eso es un elemento que hay que tener en consideración siempre. Hay que tener un equilibrio lo más perfecto posible, para que la investigación persiga su verdadero fin y no se desvíe hacia otro tipo de intencionalidades.

MONTICELLO Y MILICOGATE

-Que un organismo reportante, como el casino Monticello, haya dicho que entregó información a la UAF, ¿cambia las reglas del juego?

-La ley de la UAF plantea escenarios bastantes restrictivos al respecto, pero quiero hacer un alcance: la naturaleza misma de la información es lo que ha generado tanta controversia. Aquí son los reportes de operaciones en efectivo (ROE) versus los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Para el común de las personas pueden parecer muy similares, pero son cosas totalmente distintas. Lo fundamental es que el sistema, en general, respete la confidencialidad. El secreto no es solamente para el éxito de la investigación, sino que también para la protección de las personas y acciones que están involucradas dentro de un reporte, porque el daño reputacional puede ser devastador.

-¿Pero las 15 alertas del casino qué fueron?

Hay dos tipos de reportes. Uno es el ROS, que es un mecanismo mediante el cual los sujetos obligados y entidades reportantes deben enviar la información a la UAF para que ésta haga labores propias de inteligencia. De esos recibimos más de 3.100 el año pasado y el no envío de ellos genera multas, pues es el insumo principal y más importante de la UAF. El ROS lleva un análisis interno, en que el reportante debe indicar por qué considera esa operación como sospechosa. En cambio, el ROE es un reporte respecto de todas las operaciones sobre US$ 10 mil en efectivo, o su equivalente en moneda nacional. Esa información no tiene ningún elemento de juicio, pero es muy importante.

-¿Y Monticello envió ROE o ROS?

-Por lo que entiendo, el gerente legal de Monticello dijo en la audiencia en la comisión investigadora de la Cámara que fueron reportes de operaciones en efectivo (ROE). No habría hablado de ROS. Más que eso no puedo decir.

-¿Monticello debió haber enviado un ROS del cabo Juan Carlos Cruz?

-Eso no lo puedo decir, porque ahí estaríamos hablando de un caso concreto.

-¿Ustedes podrían multar a un casino que debió realizar un ROS, pero que sólo informó ROE?

Al mismo casino (Monticello) ya lo multamos una vez con UF 1.000 por el no envío de ROS en otro caso. Más o menos, aplicamos 250 multas al año a diversos sujetos obligados por distintos incumplimientos.

-¿Y ahora van a multar a Monticello?

-No puedo referirme a eso.

-A raíz de todos estos casos, ¿han multado a alguna entidad?

Lo único que puedo decir es que estamos analizando con total seriedad y tranquilidad los comportamientos que hemos detectado respecto de la actuación de nuestros regulados.

-¿Cuál es el ámbito de acción de la UAF en el caso de personeros públicos que, por ejemplo, su patrimonio no cuadra con su sueldo ni tampoco registra otros ingresos? ¿La UAF puede intervenir o debe esperar un ROS?

-Debe esperar siempre un ROS. Cualquiera sea la hipótesis para que la UAF pueda investigar, debe existir un ROS. Se trate de un PEP (persona expuesta políticamente) o no, debemos esperar un ROS.

-Concretamente, en el caso del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, ¿el Ejército, o los cuatro bancos donde él tiene cuentas corrientes, debieron haber enviado un ROS a la UAF?

-No me puedo referir a casos particulares.

-Pero a raíz de todos estos casos, ¿se ha incrementado el envío de ROE y ROS?

-Durante el primer trimestre no hemos registrado ningún incremento sustancial de ROS. Hasta el momento, no hemos detectado un comportamiento reactivo importante de los sujetos obligados, lo cual habla de la maduración que van logrando los sectores en entender que no por la publicidad que pueda tener un caso, eso deba de alguna forma hacer menos profundo el análisis que ellos tengan que hacer de las operaciones para detectar si realmente hay elementos sospechosos detrás.

-Si la UAF, en su análisis de un ROS, no da cuenta de lavado de activos ni de financiamiento del terrorismo, pero sí de otro delito, ¿deriva igualmente un informe al Ministerio Público o queda guardado en un cajón?

-Nada se guarda en un cajón. La ley es muy específica. El artículo segundo de la ley establece expresamente que la UAF sólo puede compartir información con el Ministerio Público, en el evento que detecte indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, información que, por lo demás, es exclusivamente para uso de inteligencia por parte del MP, no pudiendo ser empleada directamente en juicio, y así lo ha entendido la fiscalía. Y es más, la historia de la ley establece específicamente, en distintos puntos de la tramitación, que la UAF debe hacer primar el secreto por sobre la obligación de denuncia de otros delitos. En otras palabras, no puede informar al Ministerio Público ni a ninguna otra autoridad, de ningún otro delito, o indicio de otro delito, distinto al lavado de activo o financiamiento del terrorismo.

-¿Y qué se hace, entonces?

-En esos casos debemos seguir investigando para efectos de ver si esa actividad realmente tiene o no lavado de activos o financiamiento del terrorismo, pero si no los tiene, nosotros tenemos un impedimento legal específico y expreso en la historia de la ley.

AUTOS Y FOREX

-¿Qué otros sectores ven con riesgos latentes y les gustaría agregar a los 38 que ya tienen?

-La UAF tiene más de 6.300 sujetos obligados, una cantidad importantísima para un organismo de 46 personas. Pero, evidentemente, en virtud de las sentencias del Poder Judicial que se han dictado últimamente y en base también a las investigaciones que se han llevado adelante, tal vez el rubro automotriz puede ser efectivamente un sector económico que podría aportar de manera importante al fortalecimiento del sistema antilavado de activos.

-¿No le llama la atención la industria de brokers, como las empresas forex, que hoy día no están reguladas en el país, pero sí mueven muchos recursos?

-Creo que respecto de ese ámbito, hemos visto que a nivel internacional las regulaciones son bastante distintas: desde prohibiciones, hasta un ejercicio bastante limitado de la acción. Por tanto, tal vez, la autoridad competente considere que el tratamiento que se deba dar a esa industria puede ser distinto; no solamente como reportante de operaciones sospechosas. Creo que en estos momentos, para nosotros, lo que sí nos queda claro es que la actividad automotriz, la de compra y venta de autos, sí es relevante y es un elemento que las sentencias repiten permanentemente como una forma de adquirir bienes.

-Pero la industria forex existe hace varios años y mueve millones de dólares, por lo que perfectamente podría ser regulada…

-No me corresponde a mí, como director de un servicio particular, determinar cuál va a ser el tratamiento que a esa industria se le pueda dar, que es un sector bastante particular. Soy más cuidadoso respecto de ese ámbito, porque la industria automotriz es legal en todas partes; la actividad de forex no. Entonces, siempre el elemento comparativo es importante desde el momento de ver cómo se va a regular o no una actividad.

-¿Cómo está la relación con sus pares extranjeros, en el marco de lo que vive la UAF actualmente?

-Hasta el momento, no nos ha afectado, pero sí hemos recibido consultas directas de otras autoridades internacionales para monitorear cuál es el nivel de respeto respecto de la información que se nos está entregando. Evidentemente, que los últimos casos han despertado inquietud a nivel internacional.

-¿Cuál es el temor que tienen sus pares extranjeros?

-Que la información (que nos entregan) no se utilice para fines de análisis de inteligencia financiera, que es para lo que están hechos los convenios internacionales, sino que finalmente esos datos terminen siendo ventilados ante la opinión pública. Recordemos que esos también son elementos de cooperación y son en base a sospechas, entonces ellos no quieren que sus ciudadanos o empresas aparezcan ventilados públicamente en investigaciones, cuando lo más probable es que tal vez no hayan cometido ningún acto ilegal. Por eso nos han preguntado últimamente cómo se está cuidando esa información.