Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente impulsan una propuesta para que exista un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como herramienta para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Con el objetivo de impulsar un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como herramienta para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la evasión de impuestos, este miércoles se reunieron por primera vez representantes del sector público, privado y organizaciones no gubernamentales (ONG), en un evento organizado por el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) estuvo representada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y la encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.
Lo anterior, ante la creciente conciencia de que el anonimato acerca de quiénes son los propietarios finales de las personas jurídicas constituye un factor de riesgo para el Estado a la hora de combatir la corrupción, disminuir la evasión de impuestos y dificultar el lavado de dinero, así como para el sector privado a la hora de hacer negocios.
Y es que, dada la opacidad en la propiedad final, vehículos corporativos podrían fácilmente ser abusados para encubrir actividades criminales, con altos costos tanto para la sociedad como para el propio sector empresarial, donde aumentan los costos transaccionales de los negocios y se esconden niveles de concentración real.
En la actualidad, Chile no tiene un marco regulatorio que permita llevar un registro unificado y actualizado de dueños de empresas. En cambio, varias instituciones participan en el proceso de cambio de propietarios, socios y accionistas, sin la debida interacción y transparencia entre uno y otro. Esto no solo atenta contra la información con la que cuenta el Estado, sino que también le genera dificultades a las propias empresas, dado que tienen que estar constantemente reconstruyendo su información societaria. En consideración de que no existe un registro de beneficiarios finales, naturalmente tampoco existe la debida transparencia en respecto.
“La falta de registros actualizados puede dificultar la tributación de los dueños de las empresas. En caso de que la información no esté actualizada, obligaría a socios a tributar por utilidades que no les corresponden. También podría causar retrasos de transacciones corporativas a la espera de actualizar la información societaria, la que puede no coincidir con la información que tienen en sus propios registros o con la información declarada al SII. Asimismo, la opacidad sobre los beneficiarios finales produce -per se- costos para el sector empresarial, porque aumenta sus costos transaccionales”, señalan el Observatorio Fiscal y Chile Transparente.
Precisan que el Servicio de Impuestos Internos (SII) es el que debería recibir los datos de modificaciones sociales. Sin embargo, no necesariamente dispone de información actualizada. De lo contrario, hay sociedades que durante años llevan a cabo ventas de derechos sociales sin informarlas. Lo anterior debilita el rol fiscalizador del SII.
Agregan que “la Circular UAF sobre la identificación, verificación y el registro de beneficiarios finales de personas jurídicas (Circular N° 57) solo se refiere al sector financiero. Además, la información se basa sobre declaraciones juradas, no sobre datos provenientes de transacciones. Para profundizar, la Circular deja abierta la posibilidad de seguir operando con un cliente, aunque no reporte la información solicitada, con la sola obligación de emitir un reporte de operaciones sospechosas a la UAF”.