En diciembre de 2020, Chile deberá presentar un informe sobre la aplicación llevada a cabo de las recomendaciones y las medidas coercitivas y disuasorias adoptadas para combatir el cohecho transnacional.
En los últimos años, Chile ha intensificado su lucha contra el cohecho transnacional, pero, según el último informe del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales (GTC), se podría hacer más todavía por mejorar la aplicación y el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (*).
Según el documento, desde la Fase 3, Chile resuelve cada vez más los casos de corrupción recurriendo a las suspensiones condicionales y a su procedimiento abreviado. Ambos instrumentos han permitido intensificar la persecución del delito de cohecho transnacional. No obstante, algunos aspectos de las resoluciones dictadas no terminan de garantizar la debida transparencia y una imputación de responsabilidades adecuada.
Así, el informe señala que Chile debe asegurarse de que la Fiscalía pueda hacer uso de estos instrumentos, proporcionando orientación sobre cómo y cuándo utilizarlos, así como sobre los términos para una redacción adecuada de las resoluciones.
Asimismo, expresa que la supervisión judicial del proceso de adopción de una resolución necesita ser incrementada. “La motivación de estas y la elección de sus términos deberían hacerse públicos a fin de que pueda establecerse su pertinencia”, dice.
El GTC formula en el informe nuevas recomendaciones para mejorar la lucha que Chile libra contra el cohecho transnacional. Entre ellas cabe citar las siguientes:
- Adaptar el régimen de responsabilidad corporativa del país a la Convención Anticohecho.
- Mejorar las orientaciones y directrices para la elaboración de modelos eficaces de prevención de delitos (esto es, programas corporativos de cumplimiento normativo).
- Perfeccionar la regulación de los organismos de certificación de esos modelos de prevención, y aclarar que la obtención de esa certificación no es equiparable a hallarse en situación de cumplimiento.
- Reforzar los mecanismos de protección de los denunciantes, que son débiles en el sector público e inexistentes en el sector privado.
- Aplicar recomendaciones largamente pendientes en materia de decomiso y secreto bancario.
El informe también subraya los aspectos positivos de los esfuerzos que Chile dedica a combatir el cohecho transnacional.
La justicia chilena dictó su primera sentencia condenatoria por cohecho internacional en noviembre de 2016, y absolvió a una sociedad y a su dirección en otro caso en octubre de 2015.
Las últimas novedades legislativas han mejorado notablemente el marco general anticorrupción en lo que hace a la tipificación del delito de cohecho transnacional, las sanciones y los plazos de prescripción.
Aunque los casos de cohecho transnacional competen a las Fiscalías Regionales, que se ven asistidas en su labor por un fiscal y unidades policiales especializados, se echa en falta una capacitación y pericia aún mayores.
La denuncia de sospechas de operaciones de blanqueo de capitales favorece la detección de casos de corrupción. Asimismo, si bien se están aplicando medidas para la prevención, detección y denuncia de casos de corrupción en el marco de programas de ayuda internacional, dichas medidas deben reforzarse.
El Grupo de Trabajo de la OCDE, que conforman 44 países, adoptó el informe el 13 de diciembre de 2018, incluidas las recomendaciones que se dirigen a Chile en sus páginas 69 a 75. La delegación chilena que defendió el informe en el proceso de evaluación en Fase 4, fue liderada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada, entre otros, por el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz; el diputado Leonardo Soto y el senador Víctor Pérez.
Conforme al procedimiento establecido, se invitará a Chile a presentar al Grupo de Trabajo en un plazo de dos años (diciembre de 2020) un informe por escrito sobre la aplicación llevada a cabo de esas recomendaciones y las medidas coercitivas y disuasorias adoptadas para combatir el cohecho transnacional.
El informe, disponible en www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Chile-Phase-4-Report-ENG.pdf, hace parte de la Fase 4 de la evaluación que el GTC emprendió en 2016. La Fase 4 aborda los desafíos concretos a los que se enfrenta el país evaluado, así como los logros alcanzados. También explora aspectos como la detección del delito, su persecución, la responsabilidad de las empresas y la cooperación internacional, así como cuestiones pendientes de evaluaciones anteriores.
(*)Información del comunicado de prensa de la OCDE.