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jueves, 28 de noviembre de 2019

CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO

Fallo ratifica multa de UF 600 impuesta a San Francisco Investment por reportar como sospechosas alto número de operaciones realizadas por PEP, sin análisis previos que permitieran atribuirles dicho carácter.

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La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el reclamo de ilegalidad presentado en contra de las sanciones de amonestación escrita y multa a beneficio fiscal de UF 600, impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a San Francisco Investment (casino de juegos Monticello de San Francisco de Mostazal) por haber reportado como sospechosas más de 500 operaciones efectuadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP), sin el debido análisis que permitiera atribuirles dicho carácter.

En 2017, y ante un incremento inusual del reporte de ROS, la UAF ofició a San Francisco Investment haciéndole ver que, conforme la Ley N°19.913 y la Circular UAF N°50, solo debía informar aquellas operaciones de PEP que, tras un debido análisis, resultaran sospechosas por ser inusuales y/o carentes de justificación.

Pese a ello, la entidad continuó reportando un alto número de operaciones que no revestían tal carácter (510 ROS en un año), y se informaban simplemente por encontrarse relacionadas a un cliente PEP, frente a lo cual la UAF inició un proceso administrativo sancionatorio que concluyó con la Resolución Exenta D.J. Nº113-320-2019, del 9 de mayo de 2019, que impuso una amonestación escrita y una multa de UF 600 (ratificada con la Resolución Exenta D.J. Nº113-461-2019, del 26 de junio de 2019).

En este contexto, San Francisco Investment alegó diversos vicios procedimentales y solicitó la absolución por incumplirse presupuestos básicos para la procedencia de la sanción administrativa.

La UAF, por su parte, sostuvo que el reporte masivo y sin respaldo alguno del análisis de las operaciones de las PEP, y sin elementos objetivos que permitieran calificarlas de “sospechosas”, no podía considerarse que cumpliese con los requisitos exigidos por la norma.

Asimismo, argumentó que el sistema preventivo fue deficiente, puesto que “expuso a investigación a personas sin haber hecho nada que merezca siquiera un reproche en este ámbito, ya que la autoridad debe investigar financieramente todos los reportes que recibe”.

De hecho, la UAF “analizó los 510 reportes que recibió del recurrente (entre diciembre 2016 y diciembre 2017) y ninguno de ellos arrojó antecedente objetivo de tratarse de una operación sospechosa; es decir, la conducta del investigado afectó seriamente las funciones de la Unidad, desviando su atención a operaciones que objetivamente no tenían el carácter de sospechosas, generando una distracción de trabajo que resulta sumamente lesiva para esa institución”.

Con todo, el fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, del 26 de noviembre de 2019, reconoce que San Francisco Investment incumplió abiertamente con los mandatos normativos específicos que requieren de un análisis de las operaciones informadas, al efecto de determinarlas como sospechosas, y no solo informar una cantidad extensa de operaciones solo porque quien las realiza tuviere la calidad de PEP.

Lo anterior, “impuso al ente fiscalizador la labor de analizar financieramente un total de 510 operaciones, de un total de 710, que no revistieron entidad real de sospechosas, lo que implica un mayor gasto de recursos y una menor aplicación de los mismos a las operaciones que realmente resultan relevantes a la normativa que se trata ,y por otro lado, expuso a un sinnúmero de personas y clientes a una investigación respecto de la cual no debieron ser objeto, aspecto que claramente implica un potencial dañoso relevante que era evitable de haber tomado los debidos resguardos al notar la falencia del sistema en junio de 2017, situación de la que no se ocupó de manera alguna, sino hasta el momento en que fue observado en septiembre de aquél año por el propio recurrido”.

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