Noticias y capacitación

Noticias

viernes, 6 de diciembre de 2019

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF

La Cuarta Sala descartó un actuar ilegal o arbitrario en la Resolución UAF que sancionó a Vivocorp S.A. con multa a beneficio fiscal de UF 60.

Foto Artículo

En fallo unánime del 5 de diciembre de 2019, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N°113-261-2019 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que sancionó con multa a beneficio fiscal de UF 60 a la empresa de desarrollo inmobiliario Vivocorp S.A.

Lo anterior, por no desarrollar ni ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a todos sus empleados, y no contar con un Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que cuente, entre otros contenidos mínimos, con un procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado respecto de los sujetos incorporados a los listados de las Naciones Unidas, o que pertenezcan a países no cooperantes.

El caso se inició tras la fiscalización en terreno a Vivocorp (sociedad creada en 2007 bajo la denominación “Corp Group Activos Inmobiliarios S.A.”, con el propósito de consolidar la actividad de rentas comerciales del holding CorpGroup, perteneciente a la familia Saieh), en diciembre de 2017, que dio origen a un proceso sancionatorio por las infracciones antes mencionadas, y que concluyó con una formulación de cargos en la Resolución Exenta N°112-380-2018.

En junio de 2018, y dentro del plazo, la recurrente presentó sus descargos, los que fueron desestimados a través de la Resolución Exenta N°113-261-2019 (del 16 de abril de 2019), que puso término al procedimiento sancionatorio y aplicó sanciones a VivoCorp S.A.

El fallo de la Corte de Apelaciones desestima la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la Resolución impugnada, la que, precisa, “se ajusta a derecho y se ha pronunciado respecto de cada una de las pretensiones de la reclamante, las que han sido completa y fundadamente desestimadas por la resolución impugnada”.

Y es que, “la interpretación que realiza la recurrente traslada a los sujetos obligados establecer cuándo cumplen o no con la norma, desdibuja el criterio objetivo establecido en la Circular, y debilita el Sistema, al no contar el sujeto obligado con todos los empleados capacitados para proceder a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En definitiva, la interpretación deja al deber señalado en una mera obligación formal, por lo que de aceptarse bastaría con que se programen las capacitaciones sin importar el número de asistentes, lo que resulta inconveniente al objetivo de prevención tantas veces señalado”.

En cuanto a lo previsto en el Título VI de la Circular UAF N°49, en relación a la obligación del sujeto obligado de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el que señala en lo pertinente que debe contener un “procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado de operaciones sospechosas”, la Corte compartió en su fallo lo señalado por la UAF en cuanto a que “la mencionada Circular requiere expresamente que exista un procedimiento que especialmente se refiera al reporte ROS en caso de personas incluidas en los listados de las Naciones Unidas o que pertenezcan a países no cooperantes, de tal manera que sea un procedimiento especial, distinto e identificable”.

 

volverimprimirsubir