UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 a representantes de los gobiernos de Costa Rica, México y Paraguay, además del Open Government Partnership (OGP), Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales.
Con el objetivo de conocer el avance de los compromisos de gobierno abierto en materia de transparencia de los beneficiarios finales, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) inició hoy una serie de actividades que permitirán compartir experiencias, difundir buenas prácticas, identificar necesidades comunes y generar rutas de trabajo.
A través de una videoconferencia realizada este jueves, representantes de los gobiernos de Chile, Costa Rica, México y Paraguay expusieron sus Planes de Acción sobre Beneficiario Final a delegados de Open Government Partnership (OGP), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Open Contracting Partnership (OCP), Open Ownership y Tax Justice Network.
Durante el encuentro, Chile, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que lidera el equipo interinstitucional encargado de elaborar una propuesta de política sobre la creación de un registro de dueños reales de empresas (beneficiarios finales), dio a conocer el desarrollo de las distintas etapas que considera el compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.
La analista de Asuntos Internacionales de la UAF, Karina Uribe, se refirió al origen del compromiso N°11 y su relación con la Agenda Antiabusos del Gobierno de Sebastián Piñera (lanzada en diciembre 2019) que, entre otros puntos, busca promover la transparencia en las compras públicas, lo que se traduce en que las empresas que vendan productos al Estado deben informar la identidad de sus dueños personas naturales, con el fin de detectar y combatir conflictos de interés y evitar concentraciones excesivas en la provisión de bienes y servicios al Estado.
En este contexto, Karina Uribe destacó el cumplimiento de las etapas 1 (de estudio de factibilidad) y 2 (de elaboración de una propuesta de Informe Final) del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, y que junto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia se está analizando cómo llevar adelante la etapa 3 de Consulta Pública, para poder recibir/considerar los aportes de la sociedad civil y del sector empresarial al Informe Final, de modo de poder proceder a su publicación hacia fines de año.
Detalló que la propuesta de Informe Final incluye la definición de Beneficiario Final contenida en la Circular UAF N°57 (del 12 de junio de 2017); establece la obligación de informar de todas las personas jurídicas sobre su estructura de propiedad; la manera en que dicha información será entregada y actualizada; los mecanismos de verificación, y los principios que debieran primar en las sanciones para quienes no declaren, omitan información o entreguen información inconsistente, errónea, incompleta o falsa.
A su turno, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, abordó la implementación y supervisión de la Circular UAF N°57, que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas.
La Alianza para el Gobierno Abierto (creada en 2011) es una iniciativa voluntaria entre países, que busca obtener compromisos concretos de los gobiernos hacia sus ciudadanos para promover la transparencia, aumentar la participación de la sociedad civil, crear y fomentar mecanismos de rendición de cuentas, luchar contra la corrupción y apoyarse en las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia es el organismo coordinador de las actividades de la Alianza para el Gobierno Abierto en Chile.