Fiscal nacional Jorge Abbott y presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, expusieron en el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.
Este jueves se realizó el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”, organizado por la Alianza Anticorrupción UNCAC, que tiene por objetivo analizar los desafíos de la lucha contra la corrupción.
En esta tercera sesión, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, abordaron el tema “La situación de las personas denunciantes de corrupción en Chile”.
En la oportunidad, Jorge Abbott se refirió al desincentivo a denunciar que genera el Código Procesal Penal al requerir la identificación y domicilio del denunciante, y a la urgente actualización que, a su juicio, necesita la Ley N°20.205, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, toda vez que “no cubre a todos los funcionarios del Estado, deja fuera al personal a honorarios, deja a los funcionarios municipales en una situación desmedrada ya que solo pueden denunciar ante el alcalde, no brinda suficiente protección al denunciante y a su familia, y no incluye medidas de protección para el sector privado”.
Indicó que si bien el proyecto de ley recién ingresado por el Gobierno al Congreso, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 13565-07), “abarca algunas de nuestras preocupaciones, esperamos que durante su tramitación en el Congreso se incorporen las propuestas que el Ministerio Público hizo en su minuto y que estimamos relevantes”.
“El rol del denunciante es absolutamente clave para detectar casos de corrupción. Pero para que puedan denunciar, las personas no solo tienen que tener incentivos claros para hacerlo, sino también contar con medidas que impidan represalias en su contra en el ámbito personal o laboral”, dijo Abbott enfatizando que “en la actualidad tenemos una desprotección en el área pública y poco incentivos en el sector privado… y es muy importante la inclusión del sector privado, porque la corrupción entre privados termina afectando a los consumidores”.
Por su parte, Juan Antonio Peribonio coincidió en que “la Ley N°20.205 es insuficiente y, en la práctica, tiene poca efectividad”, ya que, entre otros, “no cubre a todos los funcionarios públicos, la protección tiene poco alcance y no llega a las familias, falta regulación sobre la decisión de la autoridad para tener o no presentada una denuncia, y estipula que la denuncia debe ser anterior a las medidas (sanciones, traslados, precalificación) para acogerse a la protección”.
“Sería bueno echar una mirada a la moción que modifica diversos cuerpos legales para establecer un incentivo económico a favor del denunciante en los delitos de colusión y aquellos que acarrean responsabilidad penal de las personas jurídicas (Boletín 13111-03) y leer con atención y calma el proyecto de ley (Boletín 13565-07) porque hay aspectos que nos permiten dar un paso adicional para acercarnos a los estándares internacionales”.
Entre ellos, mencionó: La creación de un nuevo canal de denuncias electrónico, externo, a cargo de la Contraloría General de la República (que complementa los actuales sistemas de denuncia ante la Fiscalía, Carabineros, PDI o tribunales); la reserva de la identidad del denunciante y los datos acompañados; el refuerzo de las medidas de protección y correctivas; el establecimiento del deber de denuncia para todos los que desempeñen funciones en la Administración del Estado; la sanción de destitución para el funcionario que hostigue al denunciante o testigo, y a su familia; las medidas de protección ante el Ministerio Público para el denunciante y familia; la modificación de la regulación del delito de denuncia calumniosa; y el complemento a la violación de secretos.
“En el CDE estamos muy interesados en aportar a la discusión de este proyecto que forma parte de la Agenda Antiabusos. Es un imperativo moral que el denunciante goce de la mayor protección posible para poder desmarañar redes delictivas de corrupción”, comentó.
El ciclo de webinarios se realizará a través de Microsoft Teams Live Events, todos los jueves a las 12:00 horas, entre el 4 de junio y el 23 de julio de 2020, y contará con expositores de la esfera pública, privada, internacional y de la sociedad civil, quienes abrirán un espacio para poner en perspectiva los desafíos de la pandemia en el marco de siete áreas temáticas. A saber: Rendición de cuentas, compras públicas, situación de los denunciantes de corrupción, deberes funcionarios en tiempos de crisis, desafíos y limitaciones para el control ciudadano, integridad desde la óptica del sector privado y gestión de la información.
Más detalles de las conferencias web en https://bit.ly/2Uo4zr0
La UAF es miembro activo de la Alianza Anticorrupción UNCAC. Para más información visita http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/