Para llevar a cabo sus actividades, los terroristas necesitan financiamiento. Las Recomendaciones del GAFI incluyen tipificar como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas, y que se les clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos.
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, se proclamó el 21 de agosto como Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y supervivientes del terrorismo, y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006, señala que la deshumanización de las víctimas del terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, genera un ambiente propicio para la propagación del terrorismo.
De ahí la importancia, para Naciones Unidas, de fortalecer no solo los ámbitos de la prevención de conflictos, mediación y mantenimiento y consolidación de la paz, sino también el apoyo a las víctimas y sus familias, a través de programas integrales de asistencia, para que puedan hacer frente a su situación, rehabilitarse después de un ataque, e incluso obtener alguna reparación.
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos.
En Chile, la Ley N°20.818, que entró en vigencia el 18 de febrero de 2015, y que introdujo importantes modificaciones a la Ley N°19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), obligó a todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de dicho cuerpo legal, a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que adviertan en el ejercicio de sus actividades/funciones.
En mayo de 2015, la UAF emitió la Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo, y una nueva Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En febrero de 2016, en tanto, publicó la Circular N°55, que complementó las Circulares UAF N°49 y N°54 en materia de prevención del financiamiento del terrorismo y, en septiembre de 2019, la Circular N°60, que modificó las Circulares N°49 y N°54 en lo que a Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere.