Durante el encuentro se analizó la participación de Chile en las diversas instancias internacionales relacionadas con la anticorrupción.
Este martes se reunió el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción (GNECC), que coordina la implementación de Chile de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada en 1997 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que para nuestro país es obligatoria desde el 18 de junio de 2001.
Durante el encuentro, liderado por la Dirección de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores (DISIN) y la División de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), se tomó conocimiento de que el Consejo de la OCDE planea aprobar, a fines de noviembre, la Recomendación para Combatir Mejor el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros (más conocida como la “Recomendación del 2009”) para poder lanzarla el 9 de diciembre durante el Día Internacional contra la Corrupción.
Además, se destacó el trabajo realizado por la analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Karina Uribe, y el abogado asesor de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Alejandro Litman, quienes, junto a dos expertos de Grecia (un juez y una auditora en materia de transparencia) integraron el equipo evaluador de la Fase 4 de la implementación de Bulgaria de la Convención Anticohecho OCDE.
Posteriormente, el GNECC analizó la participación de Chile en otras instancias anticorrupción, a saber, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención UNCAC), el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia (Grupo ACTWG, por su sigla en inglés) del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés), y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
Respecto de la Convención UNCAC, la DISIN recordó que Jamaica y Uzbekistán están evaluando el cumplimiento de Chile de los Capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) y que, en la actualidad, se están revisando los comentarios que los examinadores hicieran al Cuestionario de Autoevaluación[2]. Paralelamente, Irlanda y Chile revisan a España, país que ya presentó su Autoevaluación, documento que debe ser analizado en profundidad.
En cuanto al Grupo ACTWG, la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público se refirió al avance del Compromiso de Santiago de Combatir la Corrupción y Asegurar la Transparencia, así como del Plan de Acción de APEC para Combatir la Corrupción y Asegurar la Transparencia, y de los Estándares de Transparencia de APEC.
En relación al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno señaló que actualmente se desarrolla la sexta ronda de evaluación de Chile por parte de Haití y Paraguay[3]. En tanto, Chile y Nicaragua revisan a Honduras.
Por su parte, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se refirió al estado de tramitación de tres proyectos de ley relacionados con la prevención y combate de la corrupción: El que modifica la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, iniciativa conocida como “Transparencia 2.0”, el que fortalece la integridad pública, y el que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.
Finalmente, y a raíz de los Pandora Papers, se dialogó respecto de los avances de Chile en materia de la identificación del beneficiario final (BF), señalándose que la UAF, en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto 2018-2020, hizo una consulta pública y dio a conocer una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales de empresas en el país. A ello se suma la actual discusión del proyecto de ley que fortalece las compras públicas, y que incluye la creación de un registro de BF para los proveedores del Estado; y el estudio encargado por el Ministerio de Hacienda a la OCDE para extenderlo al sector privado.
[1] Cancillería, a través de la SUBREI y la División CER, Ministerio de Hacienda, Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, Unidad de Análisis Financiero, Ministerio de Justicia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio Público. Además, contribuyen la Contraloría General de la República, ChileCompra, Ministerio de Economía (a través de la Corfo y la División de Empresas de Menor Tamaño), Prochile y la AGCID.
[2] En la elaboración del documento de Autoevaluación contribuyó la Unidad de Análisis Financiero.
[3] En la elaboración del documento de Autoevaluación contribuyó la Unidad de Análisis Financiero.