Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, que la UNODC celebra cada 29 de octubre.
Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizaron el webinario “Beneficiario final y activos virtuales”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos.
El evento fue inaugurado por la jefa de la Oficina País de la UNODC en El Salvador, Mónica Mendoza; la directora de Programas y de Operaciones de la UNODC, Melissa Flynn; y el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, y contó con casi dos mil personas conectadas, entre ellas, de la Unidad de Análisis Financiero y de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
La primera ponencia sobre “Beneficiario final según los lineamientos del GAFI” estuvo a cargo del secretario ejecutivo adjunto del Gafilat, Gustavo Vega, quien recordó que el Grupo de Acción Financiera define como “beneficiario final” (BF) a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a un cliente, y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Ello incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.
Precisó que los estándares GAFI sobre la materia están contenidos en las recomendaciones 10 (Debida diligencia del cliente), 24 (Transparencia y BF de las personas jurídicas) y 25 (Transparencia y BF de las estructuras jurídicas), y que su cumplimiento efectivo se mide a través del Resultado Inmediato (RI) 5, que evalúa si los países/jurisdicciones impiden el uso indebido de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas para el LA/FT, y si la información sobre su titularidad está a disposición de las autoridades competentes, sin impedimentos.
“El estándar GAFI pide que el acceso a la identificación del BF sea oportuno, rápido y fácil para las autoridades competentes. Dicho registro puede o no ser público, hay algunos países que han avanzado hacia ello, pero lo que sí se debe garantizar es que, de alguna manera, este esté al alcance de las autoridades competentes”, explicó Vega, añadiendo que los resultados de la IV Ronda de Evaluaciones del GAFI muestran que las calificaciones del RI5 están entre los más bajos, respecto de otros RI. Ello, porque los países no han hecho un análisis de riesgo y, si lo han efectuado, no han incluido a todas las personas jurídicas.
“Los países que tienen un registro de BF típicamente están mejor posicionados para proveer de información correcta en materia de BF, y quienes lo tienen mantienen una chance más alta de ser efectivos. Sin embargo, los registros tienen mayor inconveniente para demostrar la actualización y verificación de la información frente a otras fuentes. En general, hay una falencia común en todos los casos de disponibilidad y aplicación de sanciones efectivas y de poder conseguir la información de un BF de una sociedad extranjera”, comentó.
ACTIVOS VIRTUALES
Por su parte, el secretario ejecutivo adjunto del Gafilat, Juan Cruz, abordó los “Activos Virtuales según los lineamientos del GAFI”, quien inició su exposición precisando que un activo virtual (AV) es una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente, y usar para pagos electrónicos. Por tanto, no abarca las representaciones digitales de moneda fiat, ni valores ni otros activos financieros.
Posteriormente, se refirió a las ventajas de los AV (mayor inclusión financiera, medio de pago ágil, menores costos de las transacciones, y su valor es independiente de cualquier moneda) y a su impacto en la prevención del LA/FT, toda vez que permiten el anonimato y la estratificación, y su alcance global y adopción masiva dificultan la supervisión y la reducción de riesgos.
Respecto de los estándares GAFI, sostuvo que el tema de los AV está contenido en la Recomendación 15 (Nuevas tecnologías) y que, a la fecha, la IV Ronda ha evaluado su cumplimiento técnico en solo 27 jurisdicciones.
Puntualizó que los delitos que más habitualmente involucran AV son el narcotráfico, tráfico de armas, fraude (estafas informáticas), ataques cibernéticos, evasión fiscal, trata de personas, explotación infantil, extorsión y financiamiento del terrorismo.
Finalmente, y entre los desafíos, Cruz Ponce manifestó que las jurisdicciones aún presentan ciertos retos en el conocimiento de la operación de los AV y sus riesgos asociados al LA/FT; que se debe definir una autoridad regulatoria y de supervisión ALA/CFT; enfocar los esfuerzos y tomar acciones en cuanto a la implementación de la regla de viaje; y desarrollar acciones que fomenten la cooperación internacional.