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jueves, 24 de noviembre de 2022

JEFE JURÍDICO UAF ABORDA RECOMENDACIÓN GAFI DE INCLUIR A ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

Seminario de Universidad de La Serena analizó el secreto profesional de los abogados frente al delito de lavado de activos.

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Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el seminario “El secreto profesional ante el rol de abogados y auditores en el delito de blanqueo de capitales”, organizado por la Universidad de La Serena.

El evento fue inaugurado por el director del Departamento de Ciencias económicas y Empresariales de esa casa de estudios, Alberto Hernández, y contó, además, con las ponencias de Dino Caro (socio de Caro&Asociados, de Perú), Nicolás Luco (consejero del Colegio de Abogados de Chile), Mario Durán (académico de la Universidad de Atacama) y Romina Galleguillos (académica de la Universidad de La Serena).

Durante su exposición, Marcelo Contreras se refirió a la recomendación del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) de incluir a los abogados, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas y a los proveedores de servicios societarios como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

Frente a las preguntas ¿todos los abogados quedarían incorporados como sujetos obligados, respecto de todas las operaciones que realicen? Marcelo Contreras recordó la Recomendación 22 del GAFI, sobre debida diligencia del cliente (DDC) de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), que señala que “Los requisitos de DDC y el mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las APNFD en las siguientes situaciones: (…) d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:

  • compra y venta de bienes inmobiliarios;
  • administración del dinero, valores u otros activos del cliente;
  • administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;
  • organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;
  • creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

En tanto, destacó la Nota Interpretativa de la Recomendación 23 sobre Otras medidas para las APNFD, que establece que:

  • Los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que actúan como profesionales jurídicos independientes, no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional o el privilegio profesional legal.
  • Cada país debe determinar los asuntos que deberían estar supeditados al privilegio profesional legal o el secreto profesional. Esto normalmente cubriría la información que los abogados, notarios u otros profesionales jurídicos independientes reciben de uno de sus clientes, o a través de uno de sus clientes: (a) al momento de verificar el estatus legal de sus clientes, o (b) en el desempeño de su tarea de defender o representar a ese cliente en o con respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.
  • Los países pueden permitir a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos y contadores independientes, que envíen sus ROS a sus organizaciones de autorregulación apropiadas, siempre que existan formas adecuadas de cooperación entre estas organizaciones y la UIF.
  • Cuando los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que actúan como profesionales jurídicos independientes tratan de disuadir a un cliente para que no se involucre en una actividad ilegal, esto no significa revelación (tipping-off).

Finalmente, Marcelo Contreras explicó lo que implica ser sujeto obligado de la UAF, conforme lo establecen la Ley N°19.913 y las Circulares UAF, respecto de la designación de un oficial de cumplimiento, el deber de reportar ROS y ROS, la mantención de registros y la necesidad de una permanente capacitación.

 

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