Cuerpo legal amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, Carolina Tohá, Mario Marcel y Luis Cordero, respectivamente, promulgó la ley que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos, y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
La nueva normativa modifica diversos cuerpos legales, entre ellos, la Ley N°20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), el Código Procesal Penal, la Ley N°20.502 (que crea el Senda) y la ley N°19.913 (de la Unidad de Análisis Financiero).
Respecto de esta última, se agregan al artículo 3 como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; las personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; los clubes de tiro, caza y pesca; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; los comerciantes de metales preciosos, y los comerciantes de joyas y piedras preciosas.
“En materia de seguridad pública nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos. Vamos a detener el alza de homicidios que hace varios años se viene registrando en nuestro país. Nuestro objetivo es también golpear con mucha fuerza y que lo sepan al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios de nuestra patria que han sido tomados por narcotraficantes”, dijo el Presidente Boric.
Entre otros, la ley promulgada sanciona a quien administre a terceros sustancias ilícitas sin su consentimiento; introduce mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes; incorpora normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que trabajan en la prevención, reinserción y rehabilitación; entrega mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas; sanciona a quien use recetas falsas para justificar el cultivo de cannabis; crea una unidad especializada en el Ministerio Público para colaborar con los fiscales a cargo de investigaciones por la ley de drogas; y considera como agravante el proveer armas de fuego para fines delictivos a personas menores de edad o exentas de responsabilidad penal.