Formulación e implementación de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos del país es una de las 14 medidas administrativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este miércoles en el seminario “Corrupción en Iberoamérica: Agenda y Desafíos en la Prevención y Persecución Penal”, organizado por el Ministerio Público y el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Durante su intervención, el personero no solo se refirió al rol coordinador de la UAF del Sistema Nacional Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, sino también puso énfasis en los delitos funcionarios que son precedentes de lavado de dinero en el país, conforme lo establece la Ley N° 19.913: cohecho, fraudes y exacciones ilegales, cohecho a funcionario público extranjero y prevaricación.
“Chile no es inmune al lavado de activos”, afirmó Javier Cruz, al detallar que, entre los años 2007 y 2015, los Tribunales de Justicia chilenos han dictado 81 sentencias condenatorias por este delito: 77,8% tiene como delito base el tráfico de drogas, 14,8% se distribuye entre varios delitos de corrupción, y 7,4% se asocia con la obtención fraudulenta de créditos, uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y trata de personas.
Recordó que el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos del país es una de las 14 medidas administrativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, que el Gobierno de Michelle Bachelet lanzó en mayo de 2015.
En este contexto, resaltó que la UAF puso recientemente a disposición de todas las instituciones públicas un Modelo para Formular e Implementar un Sistema Preventivo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios. Dicho documento fue distribuido por el Ministerio de Hacienda a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a través del Oficio Circular N° 14 del 21 de junio de 2016.