Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas, SBIF, SCJ, UAF, Dipres, TGR, TTA y CDE, además del CAIGG
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves ante el Comité de Auditoría del Ministerio de Hacienda sobre el grado de avance de la implementación de sistemas preventivos antilavado y anticorrupción en los servicios públicos.
En el encuentro, liderado por el auditor Ministerial, Carlos Ogno, participaron los auditores internos de los servicios relacionados de Hacienda (Comisión para el Mercado Financiero, Dirección de Compras y Contratación Pública, Dirección Nacional del Servicio Civil, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego y la UAF), dependientes (Dirección de Presupuestos y Tesorería General de la República), funcionalmente desconcentrado (Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios) y descentralizado pero relacionado directamente con la Presidencia de la República (Consejo de Defensa del Estado). Además estuvo presente un representante del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
Durante su exposición, Javier Cruz destacó que, a diciembre de 2018, 424 instituciones públicas se encuentras inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, y que desde 2015 (año de publicación de la Ley N° 20.818, que obligó al sector público a reportar operaciones sospechosas a la UAF) 2.814 funcionarios se han capacitado a través de la Plataforma Virtual de la UAF y 4.595 han participado en alguna capacitación presencial realizada por este Servicio.
Asimismo, un 84,8% de las entidades públicas ha actualizado su matriz de riesgo institucional, incorporando las directrices del CAIGG respecto del lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y delitos funcionarios (DF); y un 84.7% ha implementado un sistema preventivo y lo ha plasmado en un Manual anti LA/FT/DF.
Cabe recordar que, con el objetivo de prevenir que el sector público pueda ser utilizado para la comisión de actos ilícitos, y lograr una correcta aplicación de la Ley N° 19.913, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet lanzó, en mayo de 2015, la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, entre cuyas 14 medidas administrativas se consideró el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos.