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05 Sep 2016

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES

Ley N° 20.880 es una de las medidas legislativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política, que la Presidenta Michelle Bachelet lanzó en mayo 2015.

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en la ceremonia de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, que contó con la participación de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Durante el acto, la Mandataria destacó que la normativa eleva significativamente los estándares de transparencia y prevención de conflictos de autoridades y funcionarios públicos.

Lo anterior, debido a que la nueva legislación establece tres mecanismos para disminuir la posibilidad de conflictos de intereses: declaración de patrimonio e intereses, mandato de administración de cartera de valores, y deber de enajenar ciertos bienes.

La declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes de la fecha de asunción del cargo. Además, el declarante deberá actualizarla anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde una multa a beneficio fiscal de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (casi $3 millones) hasta la destitución o cese de funciones del infractor.

En segunda instancia, se obliga a que quienes tengan un patrimonio mayor a UF 25.000,  extiendan un mandato a una entidad establecida específicamente en la Ley para su administración. Ese mandato deberá realizarse dentro de los 90 días corridos al asumir el cargo. En caso de incumplimiento, la sanción puede llegar a 1.000 UTM, es decir, cerca de $46 millones, y se considerará una falta al principio de probidad administrativa.

Finalmente, la Ley obliga a enajenar las participaciones en empresas que presten servicios al Estado, empresas cuyos servicios tengan tarifas reguladas o las que explotan concesiones del Estado. Así, quienes ejerzan el cargo de superintendentes, deberán deshacerse de su participación en las empresas que estén sujetas a la competencia o fiscalización de esa Superintendencia.

“Hoy damos un paso extremadamente importante en el avance de la Agenda de Transparencia, porque impacta en un ámbito donde cada vez se debe ser más riguroso, como son los conflictos de interés de los altos funcionarios. Estoy convencida que cuando el conjunto de nuevas reglas entre en vigencia, los chilenos podremos formarnos una imagen completa de la profundidad del cambio que hemos sido capaces de hacer entre todos”, señaló la Presidenta Bachelet.

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