UAF Y SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO

Esta tarde, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, firmaron un convenio de transferencia de recursos para fortalecer las capacidades operativas de nuestro Servicio respecto de la prevención y combate del crimen organizado.

Según el convenio, la Subsecretaría transferirá unos $1.200 millones a la UAF para, entre otros, adquirir equipamiento y tecnología y fortalecer sus capacidades de investigación.

Ello, en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que encarga a la Subsecretaría coordinar y promover el trabajo conjunto con organismos competentes en la materia, dentro de los cuales está la UAF.

Y es que la recién creada Subsecretaría de Seguridad Pública tiene, entre sus funciones asociadas al crimen organizado, el deber de promover, coordinar y evaluar el trabajo interinstitucional para definir e implementar medidas tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, además de coordinar la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), aprobada a través del Decreto Supremo N°369, de 22 de diciembre de 2022, del entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y de su respectivo Plan Nacional contra el Crimen Organizado, aprobado a través de la Resolución Exenta N°6.348, de 23 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría del Interior.

En este contexto, la UAF cumple un rol preponderante para el desarrollo de los compromisos promovidos intersectorialmente a través de la PNCO, además de colaborar activamente en la Unidad de Coordinación Estratégica de la Subsecretaría de Seguridad Pública, apoyándola en el cumplimiento de sus fines establecidos.

Así, y para el cumplimiento de sus funciones orgánicas, la Subsecretaría consideró primordial que la UAF cuente con equipamiento y tecnología necesaria que le permitan cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley N°19.913, lo cual contribuirá a mejorar las capacidades operativas y el combate contra el crimen organizado realizado por los órganos del Estado en su conjunto.