Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP
¿Qué es el financiamiento de la proliferación?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entiende por proliferación de armas de destrucción masiva, la transferencia y exportación de armas nucleares, químicas o biológicas, sus sistemas vectores y materiales conexos. Podría incluir, entre otras, tecnología, bienes, software, servicios o experticia.
La Comisión sobre Armamentos Convencionales de las Naciones Unidas entregó, en agosto de 1948, la primera definición formal aplicable para el concepto de armas de destrucción masiva (ADM): “Armas atómicas explosivas, armas de material radioactivo, armas químicas y biológicas letales, y cualquier arma desarrollada en el futuro que tenga características comparables, en términos destructivos, a las armas atómicas u otras mencionadas con anterioridad”.
En tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas define los sistemas vectores como los “misiles, cohetes y otros sistemas no tripulados capaces de transportar armas nucleares, químicas o biológicas, diseñados especialmente para ese fin”. Mientras que por materiales conexos se consideran aquellos “materiales, equipo y tecnología abarcados por los tratados y los mecanismos multilaterales pertinentes o incluidos en listas nacionales de control, que se podrían utilizar para el diseño, el desarrollo, la producción o el empleo de armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores”.
El GAFI complementó la definición de materiales conexos señalando que corresponden a bienes diversos como componentes de un arma o insumos para su elaboración. A modo de ejemplo, una maquinaria utilizada con un objetivo lícito, pero que puede emplearse en la construcción de componentes para un sistema vector de ADM.
Es importante señalar que para el financiamiento de la proliferación (FP) aún no existe una definición acordada a nivel internacional. Sin embargo, el GAFI entiende que es el “acto de proveer fondos o servicios financieros que son usados, en su totalidad o en parte, para la manufactura, compra, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, intermediación, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, así como también de sus sistemas vectores y materiales conexos (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual utilizados para propósitos ilegítimos). Todo esto incumpliendo las normativas de cada país, o cuando sea el caso, de las obligaciones internacionales”.
Destacar que la Carta de Naciones Unidas entrega al Consejo de Seguridad (CSNU) la facultad de determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la misma o acto de agresión, y realizar las recomendaciones o tomar las decisiones sobre qué medidas tomar para mantener o restablecer la paz y seguridad internacional.
En el contexto del FP, el CSNU tiene la facultad para imponer sanciones a fin de mantener la paz y seguridad internacionales. Desde el año 1966, el CSNU ha establecido 30 regímenes de sanciones que no han implicado el uso de la fuerza armada. De estos, 15 se encuentran activos y tienen como foco la resolución de conflictos de manera política, la no proliferación de armas nucleares y la lucha contra el terrorismo.
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RECOMENDACIONES DEL GAFI SOBRE FP
En su Recomendación 1, el GAFI establece que los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de financiamiento de la proliferación, y exigir a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP).
En su Recomendación 2, señala que los países deben contar con políticas antiLA/FT/FP a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas.
En su Recomendación 7, GAFI dispone que los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
En Chile, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.913, todas las personas naturales y jurídicas expresamente señaladas en el artículo 3, deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus actividades/funciones, a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
En el evento de detectarse a alguna persona, empresa o entidad mencionada en cualquiera de los listados de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, los sujetos obligados deben reportar de inmediato dicho hallazgo a la UAF, a través de un ROS, a efectos de que este Servicio pueda proceder a tomar la medida de congelamiento de activos establecida en el artículo 38 de la Ley N°19.913.